El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
Después de una semana en prisión preventiva, la defensa de seis de los nueve excadetes de Cobreloa, involucrados en un caso de violación grupal, está apelando por medidas cautelares menos gravosas. Recordemos que el Juzgado de Garantía de Calama había ordenado la detención preventiva, argumentando riesgo para la seguridad pública y para la víctima, con un plazo de investigación de 120 días. El abogado defensor, Víctor Contreras, anunció que presentará la apelación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta entre el viernes 10 y el lunes 13 de mayo. Contreras plantea la posibilidad de revocar la prisión preventiva, sugiriendo alternativas como arresto domiciliario total para algunos imputados o la liberación de aquellos sin evidencia incriminatoria. “Ante esa posibilidad, puede la Corte revocar la prisión preventiva y señalar que aquí puede perfectamente existir una medida cautelar menos gravosa como la que venimos señalando, como arresto domiciliario total para algunos imputados o respecto de otros, que derechamente no hayan cautelares porque no existe ningún tipo de evidencia en contra de ellos y están presos sin antecedente alguno” , afirmó Contreras a TVN Red Antofagasta. La defensa argumenta que “ contamos con toda la evidencia y la vamos a acompañar para demostrar la inocencia de nuestros representados , quienes son personas que nunca han estado privadas de libertad, nunca han tenido ningún tipo de acercamiento delictual y tienen irreprochable conducta anterior”.
Una situación de angustia y aislamiento es la que enfrentan los 9 ex cadetes de Cobreloa, quienes fueron enviados a prisión preventiva por 120 días tras ser acusados de participar en una violación masiva contra una joven. La medida cautelar, considerada una de las más severas en la legislación chilena, recayó sobre Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva. Apenas han transcurrido dos días desde que fueron recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Calama, y ya se han revelado detalles sobre cómo están viviendo las primeras horas en la cárcel. Según testigos consultados por La Tercera, los jóvenes experimentan momentos de terror y desesperación.Están bajoneados, se lo pasan llorando. Están urgidos. Esa es la mejor definición para la forma en que están viviendo, relató una fuente. Se informa que los ex cadetes han mantenido contacto con sus abogados y han recibido encomiendas con artículos esenciales para su estadía en el lugar. Sin embargo, están aislados del resto de la población penal y se les ha negado acceso al patio, debido al riesgo de represalias por parte de otros reclusos. Los antecedentes del caso apuntan a que los imputados habrían violado y abusado de la joven durante las fiestas patrias del año 2021. El testimonio de la víctima fue determinante en la detención de los acusados, llevada a cabo el jueves 2 de mayo.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), enfrenta una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la comuna, como medida de apremio por su responsabilidad como representante legal del municipio, ante la falta de pago de una deuda laboral a cinco funcionarios que cumplían funciones como guardias, por un monto cercano a los 108 millones de pesos. La orden de arresto se fundamenta en la ausencia de un Decreto Alcaldicio que autorice el pago de la deuda, según lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado ha decretado el arresto del alcalde por un periodo de tres días como medida de apremio. Esta situación se suma a otros problemas legales que enfrenta la gestión de White, quien busca la reelección en la comuna con el respaldo del Partido Socialista. Más de 100 funcionarios mantienen 27 causas judiciales contra la Municipalidad de San Bernardo por montos que podrían ascender a los 3 mil millones de pesos. Recientemente, un informe de Contraloría reveló serias deficiencias en la gestión del alcalde en la corporación de San Bernardo, incluyendo deudas previsionales, un elevado déficit financiero y discrepancias millonarias en los ingresos y egresos de la Corporación de Educación. Además, se señala un déficit de 3 mil millones de pesos por compromisos con organizaciones sindicales y el uso indebido de la Subvención Escolar Preferencial.
Tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, se establecieron medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno para Luisa Fonceca Galaz, madre de la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, en relación con una investigación por lavado de activos vinculada a presuntos convenios fraudulentos entre la Fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío. La formalización de Fonceca surge en el contexto de una amplia investigación que involucra a varios acusados, entre ellos Camila Polizzi, los hermanos Sebastián y Diego Polanco, y exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío. Todos ellos fueron formalizados por delitos como estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y lavado de activos. La Fiscalía del Biobío sostiene que Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, habrían apropiado indebidamente fondos públicos mediante la Fundación En Ti, obteniendo recursos mediante asignaciones directas del gobierno regional y simulando la ejecución de proyectos. Esta investigación se conoce como el caso Lencería, debido a la justificación de gastos extravagantes, como compras de ropa interior y cenas en restaurantes, mediante boletas falsas. En el caso específico de Fonceca Galaz, se le acusa de haber suscrito un contrato de compraventa de un vehículo utilizando dinero en efectivo proveniente de fondos públicos. En la audiencia de este lunes, el tribunal mantuvo el plazo de investigación establecido inicialmente en 270 días, que culmina en agosto. Aunque el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario total para Fonceca, el tribunal consideró desproporcionada esta medida en relación con la gravedad del delito y no apeló a la resolución del tribunal, dando continuidad al proceso judicial.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
Después de una semana en prisión preventiva, la defensa de seis de los nueve excadetes de Cobreloa, involucrados en un caso de violación grupal, está apelando por medidas cautelares menos gravosas. Recordemos que el Juzgado de Garantía de Calama había ordenado la detención preventiva, argumentando riesgo para la seguridad pública y para la víctima, con un plazo de investigación de 120 días. El abogado defensor, Víctor Contreras, anunció que presentará la apelación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta entre el viernes 10 y el lunes 13 de mayo. Contreras plantea la posibilidad de revocar la prisión preventiva, sugiriendo alternativas como arresto domiciliario total para algunos imputados o la liberación de aquellos sin evidencia incriminatoria. “Ante esa posibilidad, puede la Corte revocar la prisión preventiva y señalar que aquí puede perfectamente existir una medida cautelar menos gravosa como la que venimos señalando, como arresto domiciliario total para algunos imputados o respecto de otros, que derechamente no hayan cautelares porque no existe ningún tipo de evidencia en contra de ellos y están presos sin antecedente alguno” , afirmó Contreras a TVN Red Antofagasta. La defensa argumenta que “ contamos con toda la evidencia y la vamos a acompañar para demostrar la inocencia de nuestros representados , quienes son personas que nunca han estado privadas de libertad, nunca han tenido ningún tipo de acercamiento delictual y tienen irreprochable conducta anterior”.
Una situación de angustia y aislamiento es la que enfrentan los 9 ex cadetes de Cobreloa, quienes fueron enviados a prisión preventiva por 120 días tras ser acusados de participar en una violación masiva contra una joven. La medida cautelar, considerada una de las más severas en la legislación chilena, recayó sobre Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva. Apenas han transcurrido dos días desde que fueron recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Calama, y ya se han revelado detalles sobre cómo están viviendo las primeras horas en la cárcel. Según testigos consultados por La Tercera, los jóvenes experimentan momentos de terror y desesperación.Están bajoneados, se lo pasan llorando. Están urgidos. Esa es la mejor definición para la forma en que están viviendo, relató una fuente. Se informa que los ex cadetes han mantenido contacto con sus abogados y han recibido encomiendas con artículos esenciales para su estadía en el lugar. Sin embargo, están aislados del resto de la población penal y se les ha negado acceso al patio, debido al riesgo de represalias por parte de otros reclusos. Los antecedentes del caso apuntan a que los imputados habrían violado y abusado de la joven durante las fiestas patrias del año 2021. El testimonio de la víctima fue determinante en la detención de los acusados, llevada a cabo el jueves 2 de mayo.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), enfrenta una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la comuna, como medida de apremio por su responsabilidad como representante legal del municipio, ante la falta de pago de una deuda laboral a cinco funcionarios que cumplían funciones como guardias, por un monto cercano a los 108 millones de pesos. La orden de arresto se fundamenta en la ausencia de un Decreto Alcaldicio que autorice el pago de la deuda, según lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado ha decretado el arresto del alcalde por un periodo de tres días como medida de apremio. Esta situación se suma a otros problemas legales que enfrenta la gestión de White, quien busca la reelección en la comuna con el respaldo del Partido Socialista. Más de 100 funcionarios mantienen 27 causas judiciales contra la Municipalidad de San Bernardo por montos que podrían ascender a los 3 mil millones de pesos. Recientemente, un informe de Contraloría reveló serias deficiencias en la gestión del alcalde en la corporación de San Bernardo, incluyendo deudas previsionales, un elevado déficit financiero y discrepancias millonarias en los ingresos y egresos de la Corporación de Educación. Además, se señala un déficit de 3 mil millones de pesos por compromisos con organizaciones sindicales y el uso indebido de la Subvención Escolar Preferencial.
Tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, se establecieron medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno para Luisa Fonceca Galaz, madre de la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, en relación con una investigación por lavado de activos vinculada a presuntos convenios fraudulentos entre la Fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío. La formalización de Fonceca surge en el contexto de una amplia investigación que involucra a varios acusados, entre ellos Camila Polizzi, los hermanos Sebastián y Diego Polanco, y exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío. Todos ellos fueron formalizados por delitos como estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y lavado de activos. La Fiscalía del Biobío sostiene que Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, habrían apropiado indebidamente fondos públicos mediante la Fundación En Ti, obteniendo recursos mediante asignaciones directas del gobierno regional y simulando la ejecución de proyectos. Esta investigación se conoce como el caso Lencería, debido a la justificación de gastos extravagantes, como compras de ropa interior y cenas en restaurantes, mediante boletas falsas. En el caso específico de Fonceca Galaz, se le acusa de haber suscrito un contrato de compraventa de un vehículo utilizando dinero en efectivo proveniente de fondos públicos. En la audiencia de este lunes, el tribunal mantuvo el plazo de investigación establecido inicialmente en 270 días, que culmina en agosto. Aunque el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario total para Fonceca, el tribunal consideró desproporcionada esta medida en relación con la gravedad del delito y no apeló a la resolución del tribunal, dando continuidad al proceso judicial.
