En una ceremonia oficial, el Ejecutivo dio luz verde a la nueva legislación que entrega mayores herramientas a colegios y profesores para actuar ante amenazas o el ingreso de armamento. Según antecedentes de la Superintendencia de Educación, los casos de maltrato contra adultos pasaron de 441 en 2023 a 695 en 2025. La urgencia de la medida se respalda en cifras de Carabineros, que reportaron un promedio de 893 delitos por porte de armas al interior de las escuelas durante el año pasado. Ante este escenario, el mandatario destacó la importancia de la ley señalando que: “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”. La normativa también obliga a los reglamentos escolares a prohibir elementos que impidan la identificación facial y considera como falta grave las amenazas que interrumpan las actividades académicas. Uno de los puntos más debatidos es la facultad de los establecimientos para incorporar en sus reglamentos la inspección de pertenencias. El presidente defendió esta medida utilizando una analogía con los controles aéreos: “Cuando ustedes se suben a un avión (…) le dicen: ‘Mire, pase su mochila por aquí’. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila”. Bajo esta lógica, Kast sentenció: “El que nada hace, nada teme”. El procedimiento deberá ser ejecutado por personal capacitado, resguardando la privacidad y el debido proceso. La ley es enfática en señalar que no se permiten revisiones corporales ni de vestimenta. Aunque el Congreso despachó la iniciativa en junio, el Tribunal Constitucional (TC) eliminó disposiciones controvertidas tras requerimientos de la oposición. Entre los puntos suprimidos destaca la intervención de Carabineros o la PDI en las revisiones ante la negativa de un estudiante y la norma que prohibía el acceso a la gratuidad universitaria por cinco años a quienes fueran condenados por delitos de violencia escolar. Con estos ajustes, la ley Escuelas Protegidas otorga a los docentes el poder de aplicar medidas pedagógicas y disciplinarias inmediatas, siempre bajo criterios de proporcionalidad para mantener el orden en el aula. Fuente: Publimetro
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la agenda legislativa impulsada por el Gobierno para combatir el crimen organizado tras un operativo en Colina 2, rechazando las críticas por la ausencia de una reforma que permita flexibilizar el secreto bancario. Según el secretario de Estado, el levantamiento del secreto bancario ya está contemplado en la legislación, y se concede en la mayoría de los casos cuando es requerido por el Ministerio Público y cuenta con autorización judicial. En palabras del ministro, Acá hay que salir de los mitos. El alzamiento del secreto bancario existe, cada vez que sea solicitado se aprueba. Además, cuestionó la idea de que esta herramienta no existe, afirmando: Veamos cuántos casos han habido en la última década que se haya denegado. Yo no conozco ninguno, quizás habrá un par. En la gran mayoría, casi la totalidad, se aprueba de manera rápida. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), defendida por el ministro Arrau, contempla más de 20 proyectos en tramitación y otras iniciativas que serán ingresadas próximamente. Entre ellas se encuentra la creación del delito de pertenencia a organizaciones criminales y terroristas, así como mecanismos para congelar e incautar anticipadamente bienes vinculados a estas estructuras. A pesar de esto, desde la oposición surgieron críticas. El senador DC Iván Flores cuestionó que el Ejecutivo no haya priorizado un proyecto que permitiría levantar el secreto bancario sin orden judicial bajo ciertas condiciones. Según Flores, esta herramienta es fundamental para seguir la ruta del dinero y golpear las finanzas del crimen organizado. La primera línea de prioridad debería ser el levantamiento del secreto bancario si queremos de verdad entrar al crimen organizado , afirmó también el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El ministro Arrau destacó una disminución cercana al 17-18% en los homicidios y un 20% en los robos con violencia en la Región Metropolitana. La agenda también incluye un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, con posibles restricciones al tránsito, reuniones e interceptación de comunicaciones en zonas determinadas. Quiero rescatar algo que señaló ayer el señor Presidente de la República. Hoy día nos estamos concentrando en tres objetivos claves: crecimiento económico, la seguridad y el empleo. Entonces, toda nuestra fuerza está precisamente destinada a cumplir aquella meta, expresó el ministro Arrau. Todos serán evaluados caso a caso, mencionó también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respecto al llamado de sectores de derecha para otorgar indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Fuente: ADN Radio Nacional
La Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF) ha expresado su desaprobación hacia los comentarios realizados por la senadora Camila Flores (RN), luego de que se refiriera a la senadora Fabiola Campillai como señora de feria. Estas declaraciones surgieron durante un encuentro tenso en los pasillos del Congreso, donde Flores expresó: “Se le salió lo poblacional a la señora de feria”, generando críticas públicas. En respuesta, la presidenta de ASOF, Paola Morales, emitió un comunicado en el que señaló que las mujeres feriantes se sintieron afectadas por dicha referencia. “Como comunidad de feriantes nos dolió escuchar la frase ‘señora de feria’ utilizada como una descalificación”, afirmó Morales. “Es inaceptable”, agregó la dirigenta, que se utilice la identidad de quienes laboran en las ferias libres como un término despectivo. Además, resaltó el valor de esta labor, destacando que representa esfuerzo, dedicación diaria y una contribución significativa a las comunidades. “Si alguien considera que llamar a una mujer ‘señora de feria’ es un insulto, demuestra un profundo desconocimiento sobre quiénes somos. Ser mujer de feria es motivo de orgullo ”, enfatizó Morales. Por último, hizo un llamado a poner fin a este tipo de estigmatizaciones. “Esperamos que nuestra identidad nunca más sea utilizada como motivo de descalificación. Formamos parte de la historia de Chile”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
El Senado ha tomado la decisión de remitir a la Comisión de Ética el análisis del tenso intercambio protagonizado por las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores, que tuvo lugar durante la discusión de un proyecto que busca conceder indultos generales a uniformados condenados por hechos relacionados con el estallido social. El enfrentamiento surgió después de que Campillai cuestionara la iniciativa promovida por Flores y otros legisladores, expresando la frase delincuentes defendiendo a delincuentes, lo que desencadenó un acalorado debate en las dependencias del Congreso. Tras este incidente, el Senado emitió un comunicado en el que instó a mantener el respeto en el debate legislativo. “Las opiniones y el ejercicio de la libertad de expresión son fundamentales en la actividad parlamentaria. Sin embargo, estos principios deben ir acompañados de un trato respetuoso”, declaró la institución. Además, la corporación solicitó a los parlamentarios queprivilegien el diálogo, la argumentación y el respeto institucional, especialmente en asuntos sensibles para el país. Por último, se informó que la decisión de remitir el caso a la Comisión de Ética fue tomada por acuerdo de Comités, siendo esta instancia la encargada de pronunciarse al respecto. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno está considerando la posibilidad de establecer un nuevo estado de excepción constitucional que se aplique específicamente en áreas con altos índices de delincuencia, como parte de un amplio plan de seguridad presentado por el Presidente José Antonio Kast. Esta propuesta, aún en fase de evaluación, tiene como objetivo fortalecer la presencia policial y tomar medidas extraordinarias en aquellas zonas donde las autoridades identifiquen niveles más altos de criminalidad y miedo entre los residentes. Tras el discurso del presidente transmitido a nivel nacional, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reveló que se está considerando la implementación de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en sectores o barrios específicos dentro de una ciudad, que estaría a cargo de Carabineros con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Según Alvarado, se trataría de un estado de excepción constitucional que, basado en ciertos parámetros o indicadores, indique que es necesario intervenir de manera más profunda para combatir la delincuencia. Además, explicó que esta medida estaría bajo la supervisión de Carabineros, con el respaldo y cooperación de las Fuerzas Armadas, quienes podrían implementar medidas excepcionales como restringir la libertad de movimiento. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, está encargado de identificar los sectores que podrían ser intervenidos bajo este nuevo mecanismo. La idea es aumentar la vigilancia policial en esos barrios más peligrosos, donde las personas sienten un mayor temor y se ven obligadas a permanecer en sus hogares sin poder circular libremente por las calles, señaló Alvarado. Fuente: ADN Radio Nacional
En una ceremonia oficial, el Ejecutivo dio luz verde a la nueva legislación que entrega mayores herramientas a colegios y profesores para actuar ante amenazas o el ingreso de armamento. Según antecedentes de la Superintendencia de Educación, los casos de maltrato contra adultos pasaron de 441 en 2023 a 695 en 2025. La urgencia de la medida se respalda en cifras de Carabineros, que reportaron un promedio de 893 delitos por porte de armas al interior de las escuelas durante el año pasado. Ante este escenario, el mandatario destacó la importancia de la ley señalando que: “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”. La normativa también obliga a los reglamentos escolares a prohibir elementos que impidan la identificación facial y considera como falta grave las amenazas que interrumpan las actividades académicas. Uno de los puntos más debatidos es la facultad de los establecimientos para incorporar en sus reglamentos la inspección de pertenencias. El presidente defendió esta medida utilizando una analogía con los controles aéreos: “Cuando ustedes se suben a un avión (…) le dicen: ‘Mire, pase su mochila por aquí’. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila”. Bajo esta lógica, Kast sentenció: “El que nada hace, nada teme”. El procedimiento deberá ser ejecutado por personal capacitado, resguardando la privacidad y el debido proceso. La ley es enfática en señalar que no se permiten revisiones corporales ni de vestimenta. Aunque el Congreso despachó la iniciativa en junio, el Tribunal Constitucional (TC) eliminó disposiciones controvertidas tras requerimientos de la oposición. Entre los puntos suprimidos destaca la intervención de Carabineros o la PDI en las revisiones ante la negativa de un estudiante y la norma que prohibía el acceso a la gratuidad universitaria por cinco años a quienes fueran condenados por delitos de violencia escolar. Con estos ajustes, la ley Escuelas Protegidas otorga a los docentes el poder de aplicar medidas pedagógicas y disciplinarias inmediatas, siempre bajo criterios de proporcionalidad para mantener el orden en el aula. Fuente: Publimetro
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la agenda legislativa impulsada por el Gobierno para combatir el crimen organizado tras un operativo en Colina 2, rechazando las críticas por la ausencia de una reforma que permita flexibilizar el secreto bancario. Según el secretario de Estado, el levantamiento del secreto bancario ya está contemplado en la legislación, y se concede en la mayoría de los casos cuando es requerido por el Ministerio Público y cuenta con autorización judicial. En palabras del ministro, Acá hay que salir de los mitos. El alzamiento del secreto bancario existe, cada vez que sea solicitado se aprueba. Además, cuestionó la idea de que esta herramienta no existe, afirmando: Veamos cuántos casos han habido en la última década que se haya denegado. Yo no conozco ninguno, quizás habrá un par. En la gran mayoría, casi la totalidad, se aprueba de manera rápida. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), defendida por el ministro Arrau, contempla más de 20 proyectos en tramitación y otras iniciativas que serán ingresadas próximamente. Entre ellas se encuentra la creación del delito de pertenencia a organizaciones criminales y terroristas, así como mecanismos para congelar e incautar anticipadamente bienes vinculados a estas estructuras. A pesar de esto, desde la oposición surgieron críticas. El senador DC Iván Flores cuestionó que el Ejecutivo no haya priorizado un proyecto que permitiría levantar el secreto bancario sin orden judicial bajo ciertas condiciones. Según Flores, esta herramienta es fundamental para seguir la ruta del dinero y golpear las finanzas del crimen organizado. La primera línea de prioridad debería ser el levantamiento del secreto bancario si queremos de verdad entrar al crimen organizado , afirmó también el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El ministro Arrau destacó una disminución cercana al 17-18% en los homicidios y un 20% en los robos con violencia en la Región Metropolitana. La agenda también incluye un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, con posibles restricciones al tránsito, reuniones e interceptación de comunicaciones en zonas determinadas. Quiero rescatar algo que señaló ayer el señor Presidente de la República. Hoy día nos estamos concentrando en tres objetivos claves: crecimiento económico, la seguridad y el empleo. Entonces, toda nuestra fuerza está precisamente destinada a cumplir aquella meta, expresó el ministro Arrau. Todos serán evaluados caso a caso, mencionó también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respecto al llamado de sectores de derecha para otorgar indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Fuente: ADN Radio Nacional
La Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF) ha expresado su desaprobación hacia los comentarios realizados por la senadora Camila Flores (RN), luego de que se refiriera a la senadora Fabiola Campillai como señora de feria. Estas declaraciones surgieron durante un encuentro tenso en los pasillos del Congreso, donde Flores expresó: “Se le salió lo poblacional a la señora de feria”, generando críticas públicas. En respuesta, la presidenta de ASOF, Paola Morales, emitió un comunicado en el que señaló que las mujeres feriantes se sintieron afectadas por dicha referencia. “Como comunidad de feriantes nos dolió escuchar la frase ‘señora de feria’ utilizada como una descalificación”, afirmó Morales. “Es inaceptable”, agregó la dirigenta, que se utilice la identidad de quienes laboran en las ferias libres como un término despectivo. Además, resaltó el valor de esta labor, destacando que representa esfuerzo, dedicación diaria y una contribución significativa a las comunidades. “Si alguien considera que llamar a una mujer ‘señora de feria’ es un insulto, demuestra un profundo desconocimiento sobre quiénes somos. Ser mujer de feria es motivo de orgullo ”, enfatizó Morales. Por último, hizo un llamado a poner fin a este tipo de estigmatizaciones. “Esperamos que nuestra identidad nunca más sea utilizada como motivo de descalificación. Formamos parte de la historia de Chile”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
El Senado ha tomado la decisión de remitir a la Comisión de Ética el análisis del tenso intercambio protagonizado por las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores, que tuvo lugar durante la discusión de un proyecto que busca conceder indultos generales a uniformados condenados por hechos relacionados con el estallido social. El enfrentamiento surgió después de que Campillai cuestionara la iniciativa promovida por Flores y otros legisladores, expresando la frase delincuentes defendiendo a delincuentes, lo que desencadenó un acalorado debate en las dependencias del Congreso. Tras este incidente, el Senado emitió un comunicado en el que instó a mantener el respeto en el debate legislativo. “Las opiniones y el ejercicio de la libertad de expresión son fundamentales en la actividad parlamentaria. Sin embargo, estos principios deben ir acompañados de un trato respetuoso”, declaró la institución. Además, la corporación solicitó a los parlamentarios queprivilegien el diálogo, la argumentación y el respeto institucional, especialmente en asuntos sensibles para el país. Por último, se informó que la decisión de remitir el caso a la Comisión de Ética fue tomada por acuerdo de Comités, siendo esta instancia la encargada de pronunciarse al respecto. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno está considerando la posibilidad de establecer un nuevo estado de excepción constitucional que se aplique específicamente en áreas con altos índices de delincuencia, como parte de un amplio plan de seguridad presentado por el Presidente José Antonio Kast. Esta propuesta, aún en fase de evaluación, tiene como objetivo fortalecer la presencia policial y tomar medidas extraordinarias en aquellas zonas donde las autoridades identifiquen niveles más altos de criminalidad y miedo entre los residentes. Tras el discurso del presidente transmitido a nivel nacional, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reveló que se está considerando la implementación de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en sectores o barrios específicos dentro de una ciudad, que estaría a cargo de Carabineros con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Según Alvarado, se trataría de un estado de excepción constitucional que, basado en ciertos parámetros o indicadores, indique que es necesario intervenir de manera más profunda para combatir la delincuencia. Además, explicó que esta medida estaría bajo la supervisión de Carabineros, con el respaldo y cooperación de las Fuerzas Armadas, quienes podrían implementar medidas excepcionales como restringir la libertad de movimiento. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, está encargado de identificar los sectores que podrían ser intervenidos bajo este nuevo mecanismo. La idea es aumentar la vigilancia policial en esos barrios más peligrosos, donde las personas sienten un mayor temor y se ven obligadas a permanecer en sus hogares sin poder circular libremente por las calles, señaló Alvarado. Fuente: ADN Radio Nacional
