El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, ha decidido hablar sobre los motivos que lo llevaron a renunciar a su cargo en el Ministerio Público, denunciando situaciones de “espionaje clandestino” y hostigamiento laboral durante su liderazgo en el caso ProCultura. La renuncia de Ríos se produjo poco después de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, presentada en el contexto de la investigación. Sin embargo, el exfiscal ha afirmado que su decisión se basa principalmente en problemas internos que venía experimentando desde noviembre pasado. En una entrevista con Tele13 Radio, Ríos explicó que luego de 21 años en la institución, sintió que era momento de dar un paso al costado debido a actitudes relacionadas con mobbing y maltrato laboral que afectaron su desempeño. Ríos describió un patrón de persecución, aislamiento y hostigamiento en su contra, junto con “desautorización de decisiones, instrucciones contradictorias y un silencio jerárquico que nunca entendí”. Además, mencionó un cambio abrupto en su relación con el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios: “De un día para otro dejó de comunicarse conmigo, ni por teléfono ni por WhatsApp”. Una de las acusaciones más graves realizadas por Ríos apunta a la existencia de informes paralelos sobre el caso ProCultura. Según sus declaraciones, “muchas cosas que yo hablaba con mi equipo luego eran vertidas en correos institucionales”, y supo por terceros que se había solicitado a otra funcionaria emitir informes sobre el caso sin informarle. Para Ríos, estos hechos representaron un “control clandestino” sobre su trabajo y el de su equipo. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido una respuesta detallada sobre estas acusaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, lideró la presentación de las Orientaciones para la prohibición y regulación del uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales, en un evento realizado en la Biblioteca Pública Profesora Marta Ugarte Román, en Quinta Normal. En esta actividad estuvieron presentes la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo; la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; la alcaldesa (s) de Quinta Normal, Alejandra de la Barra; y el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Los Parques, Ulises Jaque. También se lanzó la campaña Modo Aula, que busca informar sobre los cambios que implica esta modificación a la Ley General de Educación. Durante el evento se proyectó un video explicativo a los asistentes. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, instó a las comunidades educativas a reconectar con la experiencia escolar y destacó: “Esta campaña busca recordar que la escuela es un espacio vivo, donde el celular deja de ser el centro, para que vuelvan a serlo los vínculos, la concentración y el aprendizaje significativo. Esta ley nos ayuda a recuperar algo esencial para el aprendizaje: la concentración, el vínculo humano y la experiencia escolar sin la interrupción permanente del celular. Necesitamos que niños y niñas vuelvan a conectarse con su escuela, no con la pantalla.” Cataldo enfatizó que regular el uso del celular no es castigar la tecnología, sino enseñar su buen uso. Destacó: “Esta ley será efectiva solo si las familias se suman. No podemos pedirle a la escuela lo que no estamos dispuestos a hacer en casa. Estamos impulsando un cambio cultural. Para que funcione, necesitamos que padres, madres y cuidadores acompañen este proceso con el mismo compromiso que lo hará el sistema educativo”. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, señaló: “Estamos en pleno proceso de implementación de esta ley que es muy significativa, porque marca un antes y un después en cómo nos relacionamos con las tecnologías dentro de las comunidades educativas. El 2 de diciembre de 2025, el Congreso Nacional aprobó una modificación a la Ley General de Educación número 20.370 para regular y prohibir el uso de dispositivos móviles en niveles parvularia, básica y media. Esta modificación corresponde a la Ley número 21.801, publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2026. La nueva normativa entra en vigencia al inicio del año escolar 2026 y los establecimientos tienen plazo hasta el 30 de junio para actualizar sus reglamentos internos. La Ley N° 21.801 establece la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales para niveles parvularia, básica y media durante actividades curriculares. Se definen excepciones específicas como situaciones de emergencia o enfermedades diagnosticadas por médicos que requieran monitoreo periódico a través de dispositivos móviles. Las Orientaciones para la prohibición y regulación del uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales están disponibles en este enlace. Además, la Subsecretaría de Educación Parvularia ofrece orientaciones sobre Infancias y pantallas: guía para cuidar los vínculos. La campaña Modo Aula busca promover un uso responsable y formativo de la tecnología en los espacios educativos. Fuente: Publimetro
La Seremi de Salud en la provincia de Los Andes ha intensificado sus labores de vigilancia, prevención y control del mosquito Aedes aegypti. Esto se debe a que equipos de la Autoridad Sanitaria se desplazaron al Complejo Fronterizo Los Libertadores luego de recibir una denuncia de un funcionario de Aduanas. Este alertó sobre el descubrimiento de un ejemplar sospechoso del zancudo transmisor del dengue. Tras una inspección en terreno, la muestra fue catalogada como altamente sospechosa de pertenecer a este vector. Por precaución y a la espera de la confirmación oficial por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), se ha activado un operativo de vigilancia entomológica en todo el recinto, junto con una vigilancia epidemiológica dirigida a los funcionarios de las distintas reparticiones públicas que operan en el complejo. El objetivo es detectar posibles casos asociados a enfermedades transmitidas por este zancudo. Además de las medidas preventivas mencionadas, se ha decidido aplicar un tratamiento químico residual siguiendo el protocolo sanitario establecido. En este sentido, se han coordinado acciones con la Delegación Presidencial Provincial para cerrar temporalmente el paso fronterizo el jueves 19 de febrero a partir de las 12:00 horas. Esto permitirá la aplicación del producto en todo el complejo con el fin de controlar la presencia de zancudos adultos durante un período prolongado. El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas, comentó al respecto: “Esto es parte del trabajo coordinado con la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes y con los equipos que se desempeñan en el Complejo Fronterizo Los Libertadores. Nuestra estrategia ha permitido no solo capacitar a equipos de otras instituciones para reconocer al zancudo, sino también para mantener a la provincia libre de casos autóctonos de dengue. Estas acciones nos ayudan a establecer una barrera y reducir las probabilidades de que el zancudo, que actualmente habita entre nosotros, continúe reproduciéndose en áreas tan críticas como la frontera”. Fuente: Publimetro
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respondió a las críticas por la demora en la entrega de ayuda a los afectados por los incendios en la zona centro-sur, destacando la importancia de que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, cumpla con sus obligaciones legales. Orellana señaló que el alcalde no ha firmado las órdenes de demolición necesarias para llevar a cabo las demoliciones, ni ha solicitado los subsidios de arriendo correspondientes. Además, mencionó que durante una visita a la villa expulsó a voluntarios del Colegio Patricio Lynch, lo cual afecta especialmente a las adultas mayores sin redes de apoyo. La ministra enfatizó que si bien se ha realizado la limpieza estructural de escombros, el municipio enfrenta un problema sanitario cercano a Indura y necesita el apoyo de los voluntarios. Asimismo, instó al municipio a cumplir con sus funciones de acuerdo a los estándares legales establecidos. Por otro lado, Orellana mencionó que no hay órdenes de demolición autorizadas por la Dirección de Obras Municipales hasta el momento. Respecto a las críticas sobre la burocracia para enfrentar la emergencia, la ministra destacó la importancia de cumplir con los estándares y garantías establecidos por el Estado. El director de Obras Municipales de Penco, Pablo Aguayo, explicó que solicitaron precisiones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ejecutar demoliciones en zonas declaradas en catástrofe. Según Aguayo, no es necesario solicitar permisos de demolición en estos casos, ya que muchas viviendas quedaron completamente destruidas por el fuego y no requieren tramitación adicional. Fuente: CNN Chile País
La investigación por el derrumbe que dejó seis trabajadores muertos en la mina El Teniente sumó un nuevo antecedente este miércoles, luego de que el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, fuera citado a declarar ante la Fiscalía Regional de O’Higgins. El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que la diligencia se enmarca en el análisis de una auditoría interna realizada por la estatal, documento que detectó inconsistencias y eventuales ocultamientos en la forma en que se reportaron antecedentes técnicos a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023 en la División El Teniente. De acuerdo con el persecutor, aunque Alvarado “declara en calidad de testigo”, lo hace como “representante de la persona jurídica”, ya que la indagatoria apunta a determinar si existe responsabilidad penal de la empresa. “Se ha citado respecto de los últimos hechos que han acaecido, el tema de la auditoría interna y el informe internacional que también nos han hecho llegar, pero principalmente las preguntas han sido respecto de la auditoría. Sin perjuicio de ello, hemos aprovechado la diligencia para hacer otras preguntas que dicen relación con la causa“, explicó el persecutor. En ese escenario, cualquier eventual imputación recaería sobre la compañía y no sobre ejecutivos a título personal. Cubillos detalló que la citación se concentró principalmente en el contenido de la auditoría, aunque también se abordó un informe internacional que fue remitido a la Fiscalía. Tras conocerse los resultados del análisis interno, tres altos ejecutivos dejaron sus cargos. Respecto de la eventual existencia de dolo, el fiscal aclaró: “Lo que nosotros debemos investigar es si el sistema de control y de prevención de delitos de la empresa ha sido de incumplimiento satisfactorio, no es del todo adecuado o los controles no fueron los adecuados para la prevención de la comisión de delitos”. Si se establece que el sistema de control fue insuficiente o no cumplió con los estándares legales, podría configurarse la responsabilidad penal de la persona jurídica, puntualizó. Fuente: CNN Chile País
El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, ha decidido hablar sobre los motivos que lo llevaron a renunciar a su cargo en el Ministerio Público, denunciando situaciones de “espionaje clandestino” y hostigamiento laboral durante su liderazgo en el caso ProCultura. La renuncia de Ríos se produjo poco después de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, presentada en el contexto de la investigación. Sin embargo, el exfiscal ha afirmado que su decisión se basa principalmente en problemas internos que venía experimentando desde noviembre pasado. En una entrevista con Tele13 Radio, Ríos explicó que luego de 21 años en la institución, sintió que era momento de dar un paso al costado debido a actitudes relacionadas con mobbing y maltrato laboral que afectaron su desempeño. Ríos describió un patrón de persecución, aislamiento y hostigamiento en su contra, junto con “desautorización de decisiones, instrucciones contradictorias y un silencio jerárquico que nunca entendí”. Además, mencionó un cambio abrupto en su relación con el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios: “De un día para otro dejó de comunicarse conmigo, ni por teléfono ni por WhatsApp”. Una de las acusaciones más graves realizadas por Ríos apunta a la existencia de informes paralelos sobre el caso ProCultura. Según sus declaraciones, “muchas cosas que yo hablaba con mi equipo luego eran vertidas en correos institucionales”, y supo por terceros que se había solicitado a otra funcionaria emitir informes sobre el caso sin informarle. Para Ríos, estos hechos representaron un “control clandestino” sobre su trabajo y el de su equipo. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido una respuesta detallada sobre estas acusaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, lideró la presentación de las Orientaciones para la prohibición y regulación del uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales, en un evento realizado en la Biblioteca Pública Profesora Marta Ugarte Román, en Quinta Normal. En esta actividad estuvieron presentes la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo; la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; la alcaldesa (s) de Quinta Normal, Alejandra de la Barra; y el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Los Parques, Ulises Jaque. También se lanzó la campaña Modo Aula, que busca informar sobre los cambios que implica esta modificación a la Ley General de Educación. Durante el evento se proyectó un video explicativo a los asistentes. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, instó a las comunidades educativas a reconectar con la experiencia escolar y destacó: “Esta campaña busca recordar que la escuela es un espacio vivo, donde el celular deja de ser el centro, para que vuelvan a serlo los vínculos, la concentración y el aprendizaje significativo. Esta ley nos ayuda a recuperar algo esencial para el aprendizaje: la concentración, el vínculo humano y la experiencia escolar sin la interrupción permanente del celular. Necesitamos que niños y niñas vuelvan a conectarse con su escuela, no con la pantalla.” Cataldo enfatizó que regular el uso del celular no es castigar la tecnología, sino enseñar su buen uso. Destacó: “Esta ley será efectiva solo si las familias se suman. No podemos pedirle a la escuela lo que no estamos dispuestos a hacer en casa. Estamos impulsando un cambio cultural. Para que funcione, necesitamos que padres, madres y cuidadores acompañen este proceso con el mismo compromiso que lo hará el sistema educativo”. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, señaló: “Estamos en pleno proceso de implementación de esta ley que es muy significativa, porque marca un antes y un después en cómo nos relacionamos con las tecnologías dentro de las comunidades educativas. El 2 de diciembre de 2025, el Congreso Nacional aprobó una modificación a la Ley General de Educación número 20.370 para regular y prohibir el uso de dispositivos móviles en niveles parvularia, básica y media. Esta modificación corresponde a la Ley número 21.801, publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2026. La nueva normativa entra en vigencia al inicio del año escolar 2026 y los establecimientos tienen plazo hasta el 30 de junio para actualizar sus reglamentos internos. La Ley N° 21.801 establece la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales para niveles parvularia, básica y media durante actividades curriculares. Se definen excepciones específicas como situaciones de emergencia o enfermedades diagnosticadas por médicos que requieran monitoreo periódico a través de dispositivos móviles. Las Orientaciones para la prohibición y regulación del uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales están disponibles en este enlace. Además, la Subsecretaría de Educación Parvularia ofrece orientaciones sobre Infancias y pantallas: guía para cuidar los vínculos. La campaña Modo Aula busca promover un uso responsable y formativo de la tecnología en los espacios educativos. Fuente: Publimetro
La Seremi de Salud en la provincia de Los Andes ha intensificado sus labores de vigilancia, prevención y control del mosquito Aedes aegypti. Esto se debe a que equipos de la Autoridad Sanitaria se desplazaron al Complejo Fronterizo Los Libertadores luego de recibir una denuncia de un funcionario de Aduanas. Este alertó sobre el descubrimiento de un ejemplar sospechoso del zancudo transmisor del dengue. Tras una inspección en terreno, la muestra fue catalogada como altamente sospechosa de pertenecer a este vector. Por precaución y a la espera de la confirmación oficial por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), se ha activado un operativo de vigilancia entomológica en todo el recinto, junto con una vigilancia epidemiológica dirigida a los funcionarios de las distintas reparticiones públicas que operan en el complejo. El objetivo es detectar posibles casos asociados a enfermedades transmitidas por este zancudo. Además de las medidas preventivas mencionadas, se ha decidido aplicar un tratamiento químico residual siguiendo el protocolo sanitario establecido. En este sentido, se han coordinado acciones con la Delegación Presidencial Provincial para cerrar temporalmente el paso fronterizo el jueves 19 de febrero a partir de las 12:00 horas. Esto permitirá la aplicación del producto en todo el complejo con el fin de controlar la presencia de zancudos adultos durante un período prolongado. El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas, comentó al respecto: “Esto es parte del trabajo coordinado con la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes y con los equipos que se desempeñan en el Complejo Fronterizo Los Libertadores. Nuestra estrategia ha permitido no solo capacitar a equipos de otras instituciones para reconocer al zancudo, sino también para mantener a la provincia libre de casos autóctonos de dengue. Estas acciones nos ayudan a establecer una barrera y reducir las probabilidades de que el zancudo, que actualmente habita entre nosotros, continúe reproduciéndose en áreas tan críticas como la frontera”. Fuente: Publimetro
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respondió a las críticas por la demora en la entrega de ayuda a los afectados por los incendios en la zona centro-sur, destacando la importancia de que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, cumpla con sus obligaciones legales. Orellana señaló que el alcalde no ha firmado las órdenes de demolición necesarias para llevar a cabo las demoliciones, ni ha solicitado los subsidios de arriendo correspondientes. Además, mencionó que durante una visita a la villa expulsó a voluntarios del Colegio Patricio Lynch, lo cual afecta especialmente a las adultas mayores sin redes de apoyo. La ministra enfatizó que si bien se ha realizado la limpieza estructural de escombros, el municipio enfrenta un problema sanitario cercano a Indura y necesita el apoyo de los voluntarios. Asimismo, instó al municipio a cumplir con sus funciones de acuerdo a los estándares legales establecidos. Por otro lado, Orellana mencionó que no hay órdenes de demolición autorizadas por la Dirección de Obras Municipales hasta el momento. Respecto a las críticas sobre la burocracia para enfrentar la emergencia, la ministra destacó la importancia de cumplir con los estándares y garantías establecidos por el Estado. El director de Obras Municipales de Penco, Pablo Aguayo, explicó que solicitaron precisiones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ejecutar demoliciones en zonas declaradas en catástrofe. Según Aguayo, no es necesario solicitar permisos de demolición en estos casos, ya que muchas viviendas quedaron completamente destruidas por el fuego y no requieren tramitación adicional. Fuente: CNN Chile País
La investigación por el derrumbe que dejó seis trabajadores muertos en la mina El Teniente sumó un nuevo antecedente este miércoles, luego de que el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, fuera citado a declarar ante la Fiscalía Regional de O’Higgins. El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que la diligencia se enmarca en el análisis de una auditoría interna realizada por la estatal, documento que detectó inconsistencias y eventuales ocultamientos en la forma en que se reportaron antecedentes técnicos a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023 en la División El Teniente. De acuerdo con el persecutor, aunque Alvarado “declara en calidad de testigo”, lo hace como “representante de la persona jurídica”, ya que la indagatoria apunta a determinar si existe responsabilidad penal de la empresa. “Se ha citado respecto de los últimos hechos que han acaecido, el tema de la auditoría interna y el informe internacional que también nos han hecho llegar, pero principalmente las preguntas han sido respecto de la auditoría. Sin perjuicio de ello, hemos aprovechado la diligencia para hacer otras preguntas que dicen relación con la causa“, explicó el persecutor. En ese escenario, cualquier eventual imputación recaería sobre la compañía y no sobre ejecutivos a título personal. Cubillos detalló que la citación se concentró principalmente en el contenido de la auditoría, aunque también se abordó un informe internacional que fue remitido a la Fiscalía. Tras conocerse los resultados del análisis interno, tres altos ejecutivos dejaron sus cargos. Respecto de la eventual existencia de dolo, el fiscal aclaró: “Lo que nosotros debemos investigar es si el sistema de control y de prevención de delitos de la empresa ha sido de incumplimiento satisfactorio, no es del todo adecuado o los controles no fueron los adecuados para la prevención de la comisión de delitos”. Si se establece que el sistema de control fue insuficiente o no cumplió con los estándares legales, podría configurarse la responsabilidad penal de la persona jurídica, puntualizó. Fuente: CNN Chile País
