El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
La Cámara de Diputados aprobó el martes el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Municipal, que busca fortalecer el rol de los municipios frente a delitos. Desde la Asociación de Municipios Rurales expresaron su apoyo con la frase más vale tarde que nunca. Tras una sesión previa fallida por falta de quórum, la Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría el mencionado proyecto. Esta normativa otorga mayores atribuciones a los guardas municipales para actuar ante delitos en sus localidades, además de establecer estándares comunes para coordinar con las policías y el Ministerio Público. El presidente de la Asociación de Municipios Rurales y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, celebró la modificación a la ley N° 18.695: “más vale tarde que nunca”. La tramitación de esta reforma inició en mayo de 2023, respondiendo a una demanda transversal de fortalecer la seguridad pública municipal. Contreras también señaló que, a pesar del avance logrado, aún existen vacíos importantes en aspectos como la seguridad y protección para los inspectores municipales, así como posibles conflictos por descoordinación entre las policías y fiscalía. Expresó su preocupación por los tiempos de retención hacia personas por parte de inspectores municipales en comparación con las distancias en zonas rurales. Por último, el presidente de la asociación manifestó su esperanza en que en el próximo gobierno se pueda perfeccionar esta ley para contribuir aún más a la seguridad de los vecinos en los municipios rurales. Fuente: CNN Chile País
La Comisión Mixta de Presupuestos rechazó gran parte de la partida presupuestaria presentada por el Gobierno, en un proceso que se llevó a cabo entre el martes 28 y el miércoles 29 de octubre. Esta instancia, compuesta por 13 diputados de la Comisión de Hacienda y 13 senadores, analizó y votó las 33 partidas y los artículos de la iniciativa. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expresó su opinión sobre este rechazo, señalando que ve una motivación electoral detrás de la decisión. A pesar de esto, se mostró optimista por llegar a un acuerdo en el futuro. El foco principal estuvo en las proyecciones de ingresos que la oposición ha cuestionado. Las primeras partidas rechazadas fueron las de la Contraloría General de la República y Presidencia de la República. Aunque se aprobó la partida del Congreso, se rechazaron las indicaciones relacionadas con las asignaciones a los expresidentes. En cuanto a otras áreas, Bienes Nacionales y el Poder Judicial obtuvieron respaldo por un estrecho margen. Sin embargo, no se visaron los fondos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo. Por otro lado, se aprobaron los dineros destinados al Servicio Electoral. Las partidas restantes como Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Secretaría General de Gobierno (Segegob) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación no tuvieron igual destino. La Comisión acordó someter a votación las partidas pendientes junto con el articulado del proyecto. En una nueva ronda de votaciones, se rechazaron partidas como Transportes y Telecomunicaciones; el Ministerio Público; Defensa; Seguridad Pública; Deportes; Culturas; Mujer; Minería; Salud; Trabajo; Agricultura; Gobiernos Regionales; Interior; Relaciones Exteriores; Justicia; Medio Ambiente; Energía; Obras Públicas; Economía; Desarrollo Social; Vivienda; Educación; Hacienda; Tesoro Público y el articulado. Los informes con todos los rechazos y aprobaciones serán presentados ante la Sala de la Cámara Baja para su revisión. Se espera que los parlamentarios lleguen a acuerdos con el Ejecutivo para dar viabilidad al Presupuesto 2026 durante el proceso que se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre. Una vez completada esta etapa, el proyecto pasará al Senado para su tramitación y votación entre el 21 y el 25 de noviembre. Posteriormente, se contempla una comisión mixta entre la Cámara y el Senado para abordar diferencias y pronunciamientos respectivos entre el 27 y el 29 de noviembre. El plazo final para la tramitación del Presupuesto 2026 es el 30 de noviembre. Tras la votación en la Comisión Mixta, Nicolás Grau expresó su descontento con la decisión tomada: “hemos tenido un resultado que, yo creo que lo que importa acá es que defrauda al país. Una decisión política, probablemente con una motivación electoral”. Grau también mencionó que se necesita “hacer un gran recorte” en referencia a propuestas planteadas en Sala. Sin embargo, advirtió que esto significaría reducir el gasto social. A pesar de todo, manifestó su confianza en llegar a un acuerdo: “yo creo que vamos a llegar a un acuerdo”. La incertidumbre persiste hasta que prime una visión mayoritaria en el debate parlamentario. Fuente: CNN Chile País
La baja asistencia en la Cámara de Diputadas y Diputados impidió avanzar con el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES). La oposición reafirma su rechazo; el oficialismo respalda la salida de la banca y la condonación gradual. Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados suspendió en cuatro oportunidades la sesión por quórum insuficiente, lo que frenó el debate del proyecto. El mínimo para el funcionamiento de la Sala es de 50 parlamentarios, pero de los 152 habilitados para votar, tres se encuentran desaforados. En tres momentos no se alcanzó la cifra requerida y la discusión quedó interrumpida. La mesa legislativa mantiene la intención de votar durante la jornada, primero en general y luego en particular. El Ejecutivo destaca que se trata de una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. La oposición rechaza el proyecto y lo califica como un “engaño”. Afirma que el nuevo mecanismo impondría una carga mayor a los estudiantes respecto del CAE y pide dividir la tramitación: terminar el CAE por una vía y discutir la creación del FES por otra. Desde sectores de centro surge la propuesta de aprobar en general para validar la idea de legislar, pero rechazar las indicaciones, con el fin de enviar un “cascarón” al Senado y abrir una reformulación. El oficialismo respalda la iniciativa. Sostiene que permite retirar a la banca del financiamiento de la educación superior y avanzar en la condonación gradual de las deudas universitarias. Más de 30 diputados solicitaron intervenir con tres minutos cada uno. Si no se concreta la votación hoy, la discusión continuará este jueves. Fuente: CNN Chile País
Asegurando que el Congreso decidió la compra de 10 mil dispositivos “Bola Wrap” para Carabineros de Chile, sin licitación ni evaluación pública, la Fundación América Transparente cuestionó la adquisición del dispositivo no letal a través de la Ley de Presupuesto 2025. En concreto, la organización acusó que durante la discusión presupuestaria se especificó directamente el nombre del producto a adquirir —el Bola Wrap — lo que implica, en los hechos, que se dirigió la compra a un proveedor específico: la empresa Top Security SPA. “ Esto constituye una posible compra atada, que anula la posibilidad de competencia y direcciona los recursos públicos a un proveedor único ”, señalaron Paulette Desormeaux y Juan José Lyon, investigadores de América Transparente. La cifra no es menor, ya que se aprobaron $34 mil millones, el equivalente a construir más de tres Cesfam, según ejemplifican los investigadores de la fundación, quienes advirtieron que “la seguridad pública no puede resolverse con decisiones opacas”. Desde América Transparente aseguran que realizaron una completa revisión de la Plataforma de la Ley de Lobby y detectaron que no hay reuniones recientes entre la empresa y las autoridades, salvo una en 2021 con Carabineros. Tampoco existe licitación ni convenio vigente en Mercado Público que respalde la compra. En este sentido, aseguraron que cuando pidieron los antecedentes técnicos a través de la Ley de Transparencia, Carabineros respondió que la información es secreta “por motivos de seguridad”. El Bola Wrap es un dispositivo no letal que lanza una cuerda de kevlar para inmovilizar a personas. Aunque ha sido presentado como una alternativa moderna, la Fundación América Transparente advirtió que su efectividad “aún es limitada a nivel internacional” y que su uso “sigue en etapa de prueba en varios países”. Además, señalaron que mientras alcaldes pedían evaluar el uso del taser, en la oficina del exsubsecretario del Interior ya había un Bola Wrap sobre la mesa, lo que sugiere —a juicio de los autores— una “preferencia institucional no declarada”. “ Los recursos públicos deben usarse con máxima eficiencia y transparencia, no para amarrar compras bajo un manto de secretismo ”, apuntaron. Fuente: Publimetro
El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que establece el reajuste de remuneraciones para los funcionarios del sector público, con un costo fiscal superior a los US$ 1.700 millones durante 2026. La iniciativa formaliza un acuerdo previo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, generando controversia en la oposición por posibles implicancias laborales ante el cambio de administración. El proyecto contempla un reajuste nominal del 3,4% para los funcionarios estatales, dividido en dos etapas: un 2% a partir del 1 de diciembre y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de este año. Según el informe financiero, esto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones en 2026, US$ 1.274 millones en 2027 y US$ 1.267 millones en régimen. Además del reajuste salarial, se establecen cambios en los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para los funcionarios públicos activos, con montos específicos según sus ingresos mensuales. Por otro lado, se posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y se amplía el giro de empresas estatales, permitiendo nuevas actividades a Correos de Chile y ENAP. En cuanto al teletrabajo, se extiende su vigencia hasta 2028 para instituciones estatales de educación superior, Gobiernos Regionales, organismos del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En materia laboral, se prohíbe suspender el pago de asignaciones a dirigentes sindicales por el uso de permisos y se establece que las asambleas deben realizarse preferentemente fuera del horario laboral. Finalmente, se incorporan excepciones a la norma que obliga al retiro de funcionarios mayores de 75 años, permitiendo que ocupen cargos específicos dentro del Estado. El proyecto abarca una serie de medidas misceláneas que buscan regular diversos aspectos laborales y financieros en el sector público. Fuente: CNN Chile País
La Cámara de Diputados aprobó el martes el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Municipal, que busca fortalecer el rol de los municipios frente a delitos. Desde la Asociación de Municipios Rurales expresaron su apoyo con la frase más vale tarde que nunca. Tras una sesión previa fallida por falta de quórum, la Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría el mencionado proyecto. Esta normativa otorga mayores atribuciones a los guardas municipales para actuar ante delitos en sus localidades, además de establecer estándares comunes para coordinar con las policías y el Ministerio Público. El presidente de la Asociación de Municipios Rurales y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, celebró la modificación a la ley N° 18.695: “más vale tarde que nunca”. La tramitación de esta reforma inició en mayo de 2023, respondiendo a una demanda transversal de fortalecer la seguridad pública municipal. Contreras también señaló que, a pesar del avance logrado, aún existen vacíos importantes en aspectos como la seguridad y protección para los inspectores municipales, así como posibles conflictos por descoordinación entre las policías y fiscalía. Expresó su preocupación por los tiempos de retención hacia personas por parte de inspectores municipales en comparación con las distancias en zonas rurales. Por último, el presidente de la asociación manifestó su esperanza en que en el próximo gobierno se pueda perfeccionar esta ley para contribuir aún más a la seguridad de los vecinos en los municipios rurales. Fuente: CNN Chile País
La Comisión Mixta de Presupuestos rechazó gran parte de la partida presupuestaria presentada por el Gobierno, en un proceso que se llevó a cabo entre el martes 28 y el miércoles 29 de octubre. Esta instancia, compuesta por 13 diputados de la Comisión de Hacienda y 13 senadores, analizó y votó las 33 partidas y los artículos de la iniciativa. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expresó su opinión sobre este rechazo, señalando que ve una motivación electoral detrás de la decisión. A pesar de esto, se mostró optimista por llegar a un acuerdo en el futuro. El foco principal estuvo en las proyecciones de ingresos que la oposición ha cuestionado. Las primeras partidas rechazadas fueron las de la Contraloría General de la República y Presidencia de la República. Aunque se aprobó la partida del Congreso, se rechazaron las indicaciones relacionadas con las asignaciones a los expresidentes. En cuanto a otras áreas, Bienes Nacionales y el Poder Judicial obtuvieron respaldo por un estrecho margen. Sin embargo, no se visaron los fondos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo. Por otro lado, se aprobaron los dineros destinados al Servicio Electoral. Las partidas restantes como Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Secretaría General de Gobierno (Segegob) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación no tuvieron igual destino. La Comisión acordó someter a votación las partidas pendientes junto con el articulado del proyecto. En una nueva ronda de votaciones, se rechazaron partidas como Transportes y Telecomunicaciones; el Ministerio Público; Defensa; Seguridad Pública; Deportes; Culturas; Mujer; Minería; Salud; Trabajo; Agricultura; Gobiernos Regionales; Interior; Relaciones Exteriores; Justicia; Medio Ambiente; Energía; Obras Públicas; Economía; Desarrollo Social; Vivienda; Educación; Hacienda; Tesoro Público y el articulado. Los informes con todos los rechazos y aprobaciones serán presentados ante la Sala de la Cámara Baja para su revisión. Se espera que los parlamentarios lleguen a acuerdos con el Ejecutivo para dar viabilidad al Presupuesto 2026 durante el proceso que se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre. Una vez completada esta etapa, el proyecto pasará al Senado para su tramitación y votación entre el 21 y el 25 de noviembre. Posteriormente, se contempla una comisión mixta entre la Cámara y el Senado para abordar diferencias y pronunciamientos respectivos entre el 27 y el 29 de noviembre. El plazo final para la tramitación del Presupuesto 2026 es el 30 de noviembre. Tras la votación en la Comisión Mixta, Nicolás Grau expresó su descontento con la decisión tomada: “hemos tenido un resultado que, yo creo que lo que importa acá es que defrauda al país. Una decisión política, probablemente con una motivación electoral”. Grau también mencionó que se necesita “hacer un gran recorte” en referencia a propuestas planteadas en Sala. Sin embargo, advirtió que esto significaría reducir el gasto social. A pesar de todo, manifestó su confianza en llegar a un acuerdo: “yo creo que vamos a llegar a un acuerdo”. La incertidumbre persiste hasta que prime una visión mayoritaria en el debate parlamentario. Fuente: CNN Chile País
La baja asistencia en la Cámara de Diputadas y Diputados impidió avanzar con el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES). La oposición reafirma su rechazo; el oficialismo respalda la salida de la banca y la condonación gradual. Este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados suspendió en cuatro oportunidades la sesión por quórum insuficiente, lo que frenó el debate del proyecto. El mínimo para el funcionamiento de la Sala es de 50 parlamentarios, pero de los 152 habilitados para votar, tres se encuentran desaforados. En tres momentos no se alcanzó la cifra requerida y la discusión quedó interrumpida. La mesa legislativa mantiene la intención de votar durante la jornada, primero en general y luego en particular. El Ejecutivo destaca que se trata de una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. La oposición rechaza el proyecto y lo califica como un “engaño”. Afirma que el nuevo mecanismo impondría una carga mayor a los estudiantes respecto del CAE y pide dividir la tramitación: terminar el CAE por una vía y discutir la creación del FES por otra. Desde sectores de centro surge la propuesta de aprobar en general para validar la idea de legislar, pero rechazar las indicaciones, con el fin de enviar un “cascarón” al Senado y abrir una reformulación. El oficialismo respalda la iniciativa. Sostiene que permite retirar a la banca del financiamiento de la educación superior y avanzar en la condonación gradual de las deudas universitarias. Más de 30 diputados solicitaron intervenir con tres minutos cada uno. Si no se concreta la votación hoy, la discusión continuará este jueves. Fuente: CNN Chile País
Asegurando que el Congreso decidió la compra de 10 mil dispositivos “Bola Wrap” para Carabineros de Chile, sin licitación ni evaluación pública, la Fundación América Transparente cuestionó la adquisición del dispositivo no letal a través de la Ley de Presupuesto 2025. En concreto, la organización acusó que durante la discusión presupuestaria se especificó directamente el nombre del producto a adquirir —el Bola Wrap — lo que implica, en los hechos, que se dirigió la compra a un proveedor específico: la empresa Top Security SPA. “ Esto constituye una posible compra atada, que anula la posibilidad de competencia y direcciona los recursos públicos a un proveedor único ”, señalaron Paulette Desormeaux y Juan José Lyon, investigadores de América Transparente. La cifra no es menor, ya que se aprobaron $34 mil millones, el equivalente a construir más de tres Cesfam, según ejemplifican los investigadores de la fundación, quienes advirtieron que “la seguridad pública no puede resolverse con decisiones opacas”. Desde América Transparente aseguran que realizaron una completa revisión de la Plataforma de la Ley de Lobby y detectaron que no hay reuniones recientes entre la empresa y las autoridades, salvo una en 2021 con Carabineros. Tampoco existe licitación ni convenio vigente en Mercado Público que respalde la compra. En este sentido, aseguraron que cuando pidieron los antecedentes técnicos a través de la Ley de Transparencia, Carabineros respondió que la información es secreta “por motivos de seguridad”. El Bola Wrap es un dispositivo no letal que lanza una cuerda de kevlar para inmovilizar a personas. Aunque ha sido presentado como una alternativa moderna, la Fundación América Transparente advirtió que su efectividad “aún es limitada a nivel internacional” y que su uso “sigue en etapa de prueba en varios países”. Además, señalaron que mientras alcaldes pedían evaluar el uso del taser, en la oficina del exsubsecretario del Interior ya había un Bola Wrap sobre la mesa, lo que sugiere —a juicio de los autores— una “preferencia institucional no declarada”. “ Los recursos públicos deben usarse con máxima eficiencia y transparencia, no para amarrar compras bajo un manto de secretismo ”, apuntaron. Fuente: Publimetro
