La Contraloría General de la República ha generado preocupación al descubrir un desorden financiero que implica más de US$17.300 millones en ministerios y municipios chilenos en los últimos cinco años. Este hallazgo proviene de la auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo organismos del Gobierno Central y municipalidades, según informa el diario El Mercurio. De acuerdo con el informe, la cantidad corresponde a fondos cuestionados principalmente por falta de opinión favorable, es decir, situaciones en las que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, discrepancias contables o ausencia de antecedentes suficientes para su revisión. Dentro del total analizado, 50 entidades pertenecen al Gobierno Central y 23 al ámbito municipal, siendo las principales observaciones relacionadas con aspectos como transferencias, cuentas pendientes por cobrar, bienes no justificados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado. En este sentido, el informe destaca que una de las principales deficiencias es la falta de rendición de cuentas adecuada, con montos importantes que no han sido explicados dentro de los plazos legales, lo que dificulta determinar el destino final de los recursos públicos. La Contraloría también señaló problemas estructurales en el control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inapropiado de plataformas financieras, lo que aumenta el riesgo de errores e irregularidades potenciales. En al menos cinco situaciones, la entidad fiscalizadora decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público, al identificar circunstancias que podrían tener implicaciones penales, abriendo así la posibilidad de investigaciones judiciales. El informe resalta que estas deficiencias no solo impactan en la transparencia, sino que también socavan la confianza ciudadana en la gestión estatal y complican la toma adecuada de decisiones en políticas públicas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha explicado las diferencias en la regulación de la prescindencia electoral entre el Presidente de la República y los demás funcionarios públicos. En su comparecencia ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Pérez resaltó que, según el instructivo de la Contraloría, los funcionarios pueden ejercer actividades políticas fuera de su jornada laboral, “sin recursos públicos, sin usar las dependencias del servicio ni los bienes del servicio”. Por otro lado, en relación al Presidente Gabriel Boric, Pérez indicó que el Mandatario no está sujeto a las mismas normativas, ya que su situación está regida por la Constitución. “La situación específica del Presidente de la República está regulada en la Constitución y tiene un estatuto especial que no es el mismo estatuto de los funcionarios públicos ”, subrayó la Contralora. Asimismo, explicó que debido a su estatus, no correspondería aplicar el estatuto administrativo al Presidente de la República, lo que implica que no se le puede instruir un sumario administrativo. En caso de que se considere que el Presidente Boric ha infringido las normas, la única forma de sancionarlo sería a través de una acusación constitucional presentada por los diputados. Pérez concluyó afirmando que, a diferencia del Presidente, “el estatuto de los funcionarios públicos, de los subsecretarios y de distintas autoridades está bien claro y está instruido por la Contraloría en sus distintos instructivos que emite cada vez que hay elecciones”. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha generado preocupación al descubrir un desorden financiero que implica más de US$17.300 millones en ministerios y municipios chilenos en los últimos cinco años. Este hallazgo proviene de la auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo organismos del Gobierno Central y municipalidades, según informa el diario El Mercurio. De acuerdo con el informe, la cantidad corresponde a fondos cuestionados principalmente por falta de opinión favorable, es decir, situaciones en las que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, discrepancias contables o ausencia de antecedentes suficientes para su revisión. Dentro del total analizado, 50 entidades pertenecen al Gobierno Central y 23 al ámbito municipal, siendo las principales observaciones relacionadas con aspectos como transferencias, cuentas pendientes por cobrar, bienes no justificados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado. En este sentido, el informe destaca que una de las principales deficiencias es la falta de rendición de cuentas adecuada, con montos importantes que no han sido explicados dentro de los plazos legales, lo que dificulta determinar el destino final de los recursos públicos. La Contraloría también señaló problemas estructurales en el control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inapropiado de plataformas financieras, lo que aumenta el riesgo de errores e irregularidades potenciales. En al menos cinco situaciones, la entidad fiscalizadora decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público, al identificar circunstancias que podrían tener implicaciones penales, abriendo así la posibilidad de investigaciones judiciales. El informe resalta que estas deficiencias no solo impactan en la transparencia, sino que también socavan la confianza ciudadana en la gestión estatal y complican la toma adecuada de decisiones en políticas públicas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha explicado las diferencias en la regulación de la prescindencia electoral entre el Presidente de la República y los demás funcionarios públicos. En su comparecencia ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Pérez resaltó que, según el instructivo de la Contraloría, los funcionarios pueden ejercer actividades políticas fuera de su jornada laboral, “sin recursos públicos, sin usar las dependencias del servicio ni los bienes del servicio”. Por otro lado, en relación al Presidente Gabriel Boric, Pérez indicó que el Mandatario no está sujeto a las mismas normativas, ya que su situación está regida por la Constitución. “La situación específica del Presidente de la República está regulada en la Constitución y tiene un estatuto especial que no es el mismo estatuto de los funcionarios públicos ”, subrayó la Contralora. Asimismo, explicó que debido a su estatus, no correspondería aplicar el estatuto administrativo al Presidente de la República, lo que implica que no se le puede instruir un sumario administrativo. En caso de que se considere que el Presidente Boric ha infringido las normas, la única forma de sancionarlo sería a través de una acusación constitucional presentada por los diputados. Pérez concluyó afirmando que, a diferencia del Presidente, “el estatuto de los funcionarios públicos, de los subsecretarios y de distintas autoridades está bien claro y está instruido por la Contraloría en sus distintos instructivos que emite cada vez que hay elecciones”. Fuente: ADN Radio Nacional
