El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, resaltó una serie de cifras en materia de seguridad relacionadas con la labor realizada durante la última semana por las fuerzas policiales, Gendarmería y otros entes estatales. Tras una nueva reunión del Comité Policial, el ministro informó a los medios que el informe de esta semana muestra un descenso del 17,4% en el número de víctimas de homicidio, en comparación con el mismo período del año anterior. En cuanto a los secuestros, detalló que los casos confirmados por la Policía de Investigaciones (PDI)registran una disminución del 41,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Martín Arrau también destacó un aumento en las incautaciones de drogas. Hasta esta semana se han incautado un 63,9% más en kilos que en el mismo período del año anterior, señaló. Por último, mencionó que los ingresos irregulares detectados en las fronteras han disminuido un 86,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la agenda legislativa impulsada por el Gobierno para combatir el crimen organizado tras un operativo en Colina 2, rechazando las críticas por la ausencia de una reforma que permita flexibilizar el secreto bancario. Según el secretario de Estado, el levantamiento del secreto bancario ya está contemplado en la legislación, y se concede en la mayoría de los casos cuando es requerido por el Ministerio Público y cuenta con autorización judicial. En palabras del ministro, Acá hay que salir de los mitos. El alzamiento del secreto bancario existe, cada vez que sea solicitado se aprueba. Además, cuestionó la idea de que esta herramienta no existe, afirmando: Veamos cuántos casos han habido en la última década que se haya denegado. Yo no conozco ninguno, quizás habrá un par. En la gran mayoría, casi la totalidad, se aprueba de manera rápida. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), defendida por el ministro Arrau, contempla más de 20 proyectos en tramitación y otras iniciativas que serán ingresadas próximamente. Entre ellas se encuentra la creación del delito de pertenencia a organizaciones criminales y terroristas, así como mecanismos para congelar e incautar anticipadamente bienes vinculados a estas estructuras. A pesar de esto, desde la oposición surgieron críticas. El senador DC Iván Flores cuestionó que el Ejecutivo no haya priorizado un proyecto que permitiría levantar el secreto bancario sin orden judicial bajo ciertas condiciones. Según Flores, esta herramienta es fundamental para seguir la ruta del dinero y golpear las finanzas del crimen organizado. La primera línea de prioridad debería ser el levantamiento del secreto bancario si queremos de verdad entrar al crimen organizado , afirmó también el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El ministro Arrau destacó una disminución cercana al 17-18% en los homicidios y un 20% en los robos con violencia en la Región Metropolitana. La agenda también incluye un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, con posibles restricciones al tránsito, reuniones e interceptación de comunicaciones en zonas determinadas. Quiero rescatar algo que señaló ayer el señor Presidente de la República. Hoy día nos estamos concentrando en tres objetivos claves: crecimiento económico, la seguridad y el empleo. Entonces, toda nuestra fuerza está precisamente destinada a cumplir aquella meta, expresó el ministro Arrau. Todos serán evaluados caso a caso, mencionó también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respecto al llamado de sectores de derecha para otorgar indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha anunciado su decisión de presentar tres vetos a la megarreforma de Reconstrucción y Reactivación Económica una vez que el Senado apruebe el proyecto. Sin embargo, el Congreso ya anticipa que estas observaciones difícilmente podrán ser votadas durante esta semana. Según lo confirmado por La Moneda, las modificaciones se centrarán en tres normas que fueron incorporadas durante la discusión legislativa: el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) y el mecanismo de pago a 30 días para las pymes. Además, el Ejecutivo está evaluando un cuarto veto relacionado con la reposición de servicios básicos para deudores en zonas de catástrofe. El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, ha señalado que Hacienda y la Segpres están trabajando en conjunto para presentar las observaciones el miércoles, un día después de la última votación pendiente en el Senado. En cuanto al pago a 30 días, Alvarado afirmó que es altamente probable que también sea objeto de un veto, argumentando que existen inquietudes planteadas por pequeñas y medianas empresas sobre los efectos de la norma. Por otro lado, el Ejecutivo ha reiterado su compromiso de compensar en un 100% a los municipios por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones para mayores de 65 años a partir de 2027. A pesar del calendario propuesto por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Congreso estima que la discusión de los vetos se extenderá más allá de esta semana. Desde la Cámara de Diputados advierten que las observaciones presidenciales deberán pasar primero por las comisiones de Hacienda y que existen diferencias jurídicas respecto de los plazos aplicables para su tramitación. En el mejor escenario para el Gobierno, las observaciones podrían llegar a la Sala de la Cámara a partir del 10 de agosto, prolongando así el cierre legislativo de la megarreforma. Fuente: ADN Radio Nacional
Una controversia se ha desatado entre el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el laboratorio Corthorn Health, después de que este último informara que una muestra tomada al exfuncionario arrojó resultados positivos en dos análisis realizados por separado. La situación se complicó cuando Rodríguez solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio externo. La empresa rechazó esta solicitud y comunicó su decisión al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), argumentando que trasladar la muestra pondría en peligro la cadena de custodia y la validez técnica del proceso. Según Corthorn Health, la muestra original fue analizada el 24 de junio y nuevamente el 8 de julio, por diferentes especialistas y con equipos distintos. La empresa afirmó que ambos análisis arrojaron el mismo resultado y señaló que “la única forma adecuada es abrir y analizar la contramuestra en Corthorn Health Limitada”. Además, el laboratorio mencionó que el exsubsecretario aún no ha solicitado formalmente la apertura de esa contramuestra según el protocolo establecido. Este procedimiento implica la verificación física de los sellos antes de iniciar un nuevo análisis. Rodríguez respondió a través de X, donde aseguró que pidió un informe cuantitativo que no le fue proporcionado. “No consumo drogas y confío en que la verdad prevalecerá”, declaró, mientras acusaba una violación de los protocolos relacionados con la información sensible. En una carta dirigida al laboratorio, el exfuncionario también cuestionó los criterios técnicos utilizados en el examen. “No consumo la sustancia mencionada en el informe ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en su totalidad”, afirmó. La diferencia entre ambas versiones deberá resolverse mediante el procedimiento de contramuestra previsto en las normativas del servicio. Mientras se lleva a cabo este análisis, continúa el debate sobre la metodología, la custodia del material biológico y la interpretación de los resultados. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, resaltó una serie de cifras en materia de seguridad relacionadas con la labor realizada durante la última semana por las fuerzas policiales, Gendarmería y otros entes estatales. Tras una nueva reunión del Comité Policial, el ministro informó a los medios que el informe de esta semana muestra un descenso del 17,4% en el número de víctimas de homicidio, en comparación con el mismo período del año anterior. En cuanto a los secuestros, detalló que los casos confirmados por la Policía de Investigaciones (PDI)registran una disminución del 41,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Martín Arrau también destacó un aumento en las incautaciones de drogas. Hasta esta semana se han incautado un 63,9% más en kilos que en el mismo período del año anterior, señaló. Por último, mencionó que los ingresos irregulares detectados en las fronteras han disminuido un 86,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la agenda legislativa impulsada por el Gobierno para combatir el crimen organizado tras un operativo en Colina 2, rechazando las críticas por la ausencia de una reforma que permita flexibilizar el secreto bancario. Según el secretario de Estado, el levantamiento del secreto bancario ya está contemplado en la legislación, y se concede en la mayoría de los casos cuando es requerido por el Ministerio Público y cuenta con autorización judicial. En palabras del ministro, Acá hay que salir de los mitos. El alzamiento del secreto bancario existe, cada vez que sea solicitado se aprueba. Además, cuestionó la idea de que esta herramienta no existe, afirmando: Veamos cuántos casos han habido en la última década que se haya denegado. Yo no conozco ninguno, quizás habrá un par. En la gran mayoría, casi la totalidad, se aprueba de manera rápida. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), defendida por el ministro Arrau, contempla más de 20 proyectos en tramitación y otras iniciativas que serán ingresadas próximamente. Entre ellas se encuentra la creación del delito de pertenencia a organizaciones criminales y terroristas, así como mecanismos para congelar e incautar anticipadamente bienes vinculados a estas estructuras. A pesar de esto, desde la oposición surgieron críticas. El senador DC Iván Flores cuestionó que el Ejecutivo no haya priorizado un proyecto que permitiría levantar el secreto bancario sin orden judicial bajo ciertas condiciones. Según Flores, esta herramienta es fundamental para seguir la ruta del dinero y golpear las finanzas del crimen organizado. La primera línea de prioridad debería ser el levantamiento del secreto bancario si queremos de verdad entrar al crimen organizado , afirmó también el alcalde de San Bernardo, Christopher White. El ministro Arrau destacó una disminución cercana al 17-18% en los homicidios y un 20% en los robos con violencia en la Región Metropolitana. La agenda también incluye un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, con posibles restricciones al tránsito, reuniones e interceptación de comunicaciones en zonas determinadas. Quiero rescatar algo que señaló ayer el señor Presidente de la República. Hoy día nos estamos concentrando en tres objetivos claves: crecimiento económico, la seguridad y el empleo. Entonces, toda nuestra fuerza está precisamente destinada a cumplir aquella meta, expresó el ministro Arrau. Todos serán evaluados caso a caso, mencionó también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, respecto al llamado de sectores de derecha para otorgar indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha anunciado su decisión de presentar tres vetos a la megarreforma de Reconstrucción y Reactivación Económica una vez que el Senado apruebe el proyecto. Sin embargo, el Congreso ya anticipa que estas observaciones difícilmente podrán ser votadas durante esta semana. Según lo confirmado por La Moneda, las modificaciones se centrarán en tres normas que fueron incorporadas durante la discusión legislativa: el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) y el mecanismo de pago a 30 días para las pymes. Además, el Ejecutivo está evaluando un cuarto veto relacionado con la reposición de servicios básicos para deudores en zonas de catástrofe. El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, ha señalado que Hacienda y la Segpres están trabajando en conjunto para presentar las observaciones el miércoles, un día después de la última votación pendiente en el Senado. En cuanto al pago a 30 días, Alvarado afirmó que es altamente probable que también sea objeto de un veto, argumentando que existen inquietudes planteadas por pequeñas y medianas empresas sobre los efectos de la norma. Por otro lado, el Ejecutivo ha reiterado su compromiso de compensar en un 100% a los municipios por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones para mayores de 65 años a partir de 2027. A pesar del calendario propuesto por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Congreso estima que la discusión de los vetos se extenderá más allá de esta semana. Desde la Cámara de Diputados advierten que las observaciones presidenciales deberán pasar primero por las comisiones de Hacienda y que existen diferencias jurídicas respecto de los plazos aplicables para su tramitación. En el mejor escenario para el Gobierno, las observaciones podrían llegar a la Sala de la Cámara a partir del 10 de agosto, prolongando así el cierre legislativo de la megarreforma. Fuente: ADN Radio Nacional
Una controversia se ha desatado entre el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y el laboratorio Corthorn Health, después de que este último informara que una muestra tomada al exfuncionario arrojó resultados positivos en dos análisis realizados por separado. La situación se complicó cuando Rodríguez solicitó que la contramuestra fuera enviada a un laboratorio externo. La empresa rechazó esta solicitud y comunicó su decisión al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), argumentando que trasladar la muestra pondría en peligro la cadena de custodia y la validez técnica del proceso. Según Corthorn Health, la muestra original fue analizada el 24 de junio y nuevamente el 8 de julio, por diferentes especialistas y con equipos distintos. La empresa afirmó que ambos análisis arrojaron el mismo resultado y señaló que “la única forma adecuada es abrir y analizar la contramuestra en Corthorn Health Limitada”. Además, el laboratorio mencionó que el exsubsecretario aún no ha solicitado formalmente la apertura de esa contramuestra según el protocolo establecido. Este procedimiento implica la verificación física de los sellos antes de iniciar un nuevo análisis. Rodríguez respondió a través de X, donde aseguró que pidió un informe cuantitativo que no le fue proporcionado. “No consumo drogas y confío en que la verdad prevalecerá”, declaró, mientras acusaba una violación de los protocolos relacionados con la información sensible. En una carta dirigida al laboratorio, el exfuncionario también cuestionó los criterios técnicos utilizados en el examen. “No consumo la sustancia mencionada en el informe ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica ilegal, y rechazo el resultado en su totalidad”, afirmó. La diferencia entre ambas versiones deberá resolverse mediante el procedimiento de contramuestra previsto en las normativas del servicio. Mientras se lleva a cabo este análisis, continúa el debate sobre la metodología, la custodia del material biológico y la interpretación de los resultados. Fuente: ADN Radio Nacional
