La economía chilena volvió a mostrar señales de debilidad luego de que el PIB registrara una caída por segundo trimestre consecutivo, escenario que encendió las alertas sobre el ritmo de crecimiento y la capacidad del país para recuperar dinamismo durante la segunda mitad del año. Tras conocerse los resultados del segundo trimestre, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció que el período estuvo marcado por dificultades importantes, particularmente en sectores productivos relevantes. “Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y en la pesca”, señaló. Pese al escenario, Mas destacó que existen sectores que han mostrado mayor resistencia. “Al mismo tiempo, el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer”, sostuvo la autoridad. Frente a las cifras, el Ejecutivo adelantó que buscará acelerar las medidas orientadas a impulsar la actividad. “Como Gobierno vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, impulsar proyectos, entregar certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo”, afirmó el biministro. Mas agregó que el desafío no pasa únicamente por mejorar los indicadores macroeconómicos, sino también por lograr que una eventual recuperación tenga efectos concretos sobre los hogares. “Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias”, indicó. En esa línea, la autoridad remarcó que detrás del desempeño económico existen efectos directos sobre el mercado laboral y el bolsillo de las personas: “Detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a generar más y mejores empleos”. Fuente: ADN Radio Nacional
La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los encuestados, pero la evaluación de la gestión del Gobierno en esta materia no mejora. De hecho, un 54% considera que el desempeño del Ejecutivo en el combate contra la delincuencia ha sido peor o mucho peor de lo esperado. La última medición de Criteria también reveló un retroceso en la evaluación del Presidente José Antonio Kast. Su índice de desaprobación alcanzó el 55%, tres puntos por encima de la semana anterior, mientras que su aprobación se mantuvo en 35%. El tema de la seguridad volvió a posicionarse como la principal prioridad política para los encuestados, con un 28% de las menciones. Le siguen la salud pública (16%), los empleos y sueldos (15%) y la reactivación económica (12%). La preocupación aumenta al plantear una elección directa entre seguridad y libertad : un 73% de los consultados optó por la primera, mientras que solo un 27% se inclinó por la segunda. Sin embargo, las diferencias son notables según la posición política de los encuestados. Mientras que en la derecha un 86% prioriza la seguridad, en el centro esta cifra desciende al 68%. En cambio, en la izquierda ambas opciones prácticamente empatan: 51% considera más importante la seguridad y 49% la libertad. La evaluación negativa también se extiende a la gestión migratoria. Un 47% considera que el desempeño del Gobierno en orden y control migratorio ha sido peor o mucho peor de lo esperado, frente a un 25% que lo evalúa mejor y un 28% que lo considera similar a sus expectativas. En cuanto a quién es responsable de la actual situación de seguridad, un 35% apunta a problemas heredados de la administración anterior, mientras que un 32% cree que responde a una combinación de factores. Por otro lado, un 27% responsabiliza principalmente al actual Gobierno. También existen discrepancias políticas en este tema: el 62% de los encuestados de derecha atribuye principalmente la situación a la administración anterior, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda, un 50% responsabiliza principalmente al actual Ejecutivo. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dará inicio este martes a una gira por China, Vietnam y Japón con un enfoque principalmente económico: busca atraer nuevas inversiones, ampliar los mercados para las exportaciones chilenas y crear oportunidades que puedan resultar en empleo. La agenda incluye encuentros con altas autoridades políticas y representantes empresariales de tres de los principales socios de Chile en Asia-Pacífico. Antes de partir, el canciller resumió el propósito de la gira destacando su potencial impacto para el país. “Estamos abriendo oportunidades para los chilenos. Eso es lo que nos ha traído a China, Vietnam y Japón”, afirmó. Además, expresó: “Queremos más trabajo para los chilenos, queremos más mercados para nuestras exportaciones y más inversiones para que elijan a Chile, para que Choose Chile, como decimos nosotros”. La primera parada será China, actualmente el principal socio comercial de Chile. En Beijing, Pérez Mackenna se reunirá con el canciller Wang Yi y otros altos funcionarios, así como con empresarios a quienes presentará el programa Choose Chile, diseñado para atraer inversiones. El intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US$67.105 millones durante 2025. Desde Beijing también se han emitido declaraciones sobre la visita. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, señaló que “China espera intercambiar puntos de vista con Chile sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales de interés común, ampliar los consensos y profundizar la cooperación”. Asimismo, calificó a Chile como un país “clave” para China en América Latina y Asia-Pacífico. Luego, la gira continuará en Vietnam, donde el Gobierno buscará fortalecer oportunidades en sectores como energías renovables, minería, agricultura, innovación y educación. El comercio bilateral superó los US$2.100 millones en 2025 y aumentó un 39% en solo un año, según información oficial. A continuación, Pérez Mackenna se trasladará a Japón, segundo socio comercial chileno en Asia, con un intercambio que alcanzó los US$11.062 millones. Este viaje también servirá como preparación para la visita que realizará el Presidente José Antonio Kast a China en noviembre durante la Cumbre de Líderes de APEC. Para el Ejecutivo, el objetivo es transformar las relaciones con Asia en nuevas cadenas de valor relacionadas con tecnología, minerales críticos, transición energética y otros sectores capaces de atraer inversión hacia Chile. La visita del canciller a China se produce en un momento marcado por las tensiones comerciales entre Chile y Estados Unidos debido a la imposición de nuevos aranceles a exportaciones nacionales, situación que ha llevado al Gobierno a desplegar acciones diplomáticas y comerciales para mitigar su impacto. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno está considerando la posibilidad de establecer un nuevo estado de excepción constitucional que se aplique específicamente en áreas con altos índices de delincuencia, como parte de un amplio plan de seguridad presentado por el Presidente José Antonio Kast. Esta propuesta, aún en fase de evaluación, tiene como objetivo fortalecer la presencia policial y tomar medidas extraordinarias en aquellas zonas donde las autoridades identifiquen niveles más altos de criminalidad y miedo entre los residentes. Tras el discurso del presidente transmitido a nivel nacional, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reveló que se está considerando la implementación de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en sectores o barrios específicos dentro de una ciudad, que estaría a cargo de Carabineros con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Según Alvarado, se trataría de un estado de excepción constitucional que, basado en ciertos parámetros o indicadores, indique que es necesario intervenir de manera más profunda para combatir la delincuencia. Además, explicó que esta medida estaría bajo la supervisión de Carabineros, con el respaldo y cooperación de las Fuerzas Armadas, quienes podrían implementar medidas excepcionales como restringir la libertad de movimiento. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, está encargado de identificar los sectores que podrían ser intervenidos bajo este nuevo mecanismo. La idea es aumentar la vigilancia policial en esos barrios más peligrosos, donde las personas sienten un mayor temor y se ven obligadas a permanecer en sus hogares sin poder circular libremente por las calles, señaló Alvarado. Fuente: ADN Radio Nacional
La economía chilena volvió a mostrar señales de debilidad luego de que el PIB registrara una caída por segundo trimestre consecutivo, escenario que encendió las alertas sobre el ritmo de crecimiento y la capacidad del país para recuperar dinamismo durante la segunda mitad del año. Tras conocerse los resultados del segundo trimestre, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció que el período estuvo marcado por dificultades importantes, particularmente en sectores productivos relevantes. “Los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y en la pesca”, señaló. Pese al escenario, Mas destacó que existen sectores que han mostrado mayor resistencia. “Al mismo tiempo, el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer”, sostuvo la autoridad. Frente a las cifras, el Ejecutivo adelantó que buscará acelerar las medidas orientadas a impulsar la actividad. “Como Gobierno vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, impulsar proyectos, entregar certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo”, afirmó el biministro. Mas agregó que el desafío no pasa únicamente por mejorar los indicadores macroeconómicos, sino también por lograr que una eventual recuperación tenga efectos concretos sobre los hogares. “Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias”, indicó. En esa línea, la autoridad remarcó que detrás del desempeño económico existen efectos directos sobre el mercado laboral y el bolsillo de las personas: “Detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a generar más y mejores empleos”. Fuente: ADN Radio Nacional
La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los encuestados, pero la evaluación de la gestión del Gobierno en esta materia no mejora. De hecho, un 54% considera que el desempeño del Ejecutivo en el combate contra la delincuencia ha sido peor o mucho peor de lo esperado. La última medición de Criteria también reveló un retroceso en la evaluación del Presidente José Antonio Kast. Su índice de desaprobación alcanzó el 55%, tres puntos por encima de la semana anterior, mientras que su aprobación se mantuvo en 35%. El tema de la seguridad volvió a posicionarse como la principal prioridad política para los encuestados, con un 28% de las menciones. Le siguen la salud pública (16%), los empleos y sueldos (15%) y la reactivación económica (12%). La preocupación aumenta al plantear una elección directa entre seguridad y libertad : un 73% de los consultados optó por la primera, mientras que solo un 27% se inclinó por la segunda. Sin embargo, las diferencias son notables según la posición política de los encuestados. Mientras que en la derecha un 86% prioriza la seguridad, en el centro esta cifra desciende al 68%. En cambio, en la izquierda ambas opciones prácticamente empatan: 51% considera más importante la seguridad y 49% la libertad. La evaluación negativa también se extiende a la gestión migratoria. Un 47% considera que el desempeño del Gobierno en orden y control migratorio ha sido peor o mucho peor de lo esperado, frente a un 25% que lo evalúa mejor y un 28% que lo considera similar a sus expectativas. En cuanto a quién es responsable de la actual situación de seguridad, un 35% apunta a problemas heredados de la administración anterior, mientras que un 32% cree que responde a una combinación de factores. Por otro lado, un 27% responsabiliza principalmente al actual Gobierno. También existen discrepancias políticas en este tema: el 62% de los encuestados de derecha atribuye principalmente la situación a la administración anterior, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda, un 50% responsabiliza principalmente al actual Ejecutivo. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dará inicio este martes a una gira por China, Vietnam y Japón con un enfoque principalmente económico: busca atraer nuevas inversiones, ampliar los mercados para las exportaciones chilenas y crear oportunidades que puedan resultar en empleo. La agenda incluye encuentros con altas autoridades políticas y representantes empresariales de tres de los principales socios de Chile en Asia-Pacífico. Antes de partir, el canciller resumió el propósito de la gira destacando su potencial impacto para el país. “Estamos abriendo oportunidades para los chilenos. Eso es lo que nos ha traído a China, Vietnam y Japón”, afirmó. Además, expresó: “Queremos más trabajo para los chilenos, queremos más mercados para nuestras exportaciones y más inversiones para que elijan a Chile, para que Choose Chile, como decimos nosotros”. La primera parada será China, actualmente el principal socio comercial de Chile. En Beijing, Pérez Mackenna se reunirá con el canciller Wang Yi y otros altos funcionarios, así como con empresarios a quienes presentará el programa Choose Chile, diseñado para atraer inversiones. El intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US$67.105 millones durante 2025. Desde Beijing también se han emitido declaraciones sobre la visita. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, señaló que “China espera intercambiar puntos de vista con Chile sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales de interés común, ampliar los consensos y profundizar la cooperación”. Asimismo, calificó a Chile como un país “clave” para China en América Latina y Asia-Pacífico. Luego, la gira continuará en Vietnam, donde el Gobierno buscará fortalecer oportunidades en sectores como energías renovables, minería, agricultura, innovación y educación. El comercio bilateral superó los US$2.100 millones en 2025 y aumentó un 39% en solo un año, según información oficial. A continuación, Pérez Mackenna se trasladará a Japón, segundo socio comercial chileno en Asia, con un intercambio que alcanzó los US$11.062 millones. Este viaje también servirá como preparación para la visita que realizará el Presidente José Antonio Kast a China en noviembre durante la Cumbre de Líderes de APEC. Para el Ejecutivo, el objetivo es transformar las relaciones con Asia en nuevas cadenas de valor relacionadas con tecnología, minerales críticos, transición energética y otros sectores capaces de atraer inversión hacia Chile. La visita del canciller a China se produce en un momento marcado por las tensiones comerciales entre Chile y Estados Unidos debido a la imposición de nuevos aranceles a exportaciones nacionales, situación que ha llevado al Gobierno a desplegar acciones diplomáticas y comerciales para mitigar su impacto. Fuente: ADN Radio Nacional
En medio de los reparos surgidos dentro del propio oficialismo, ha comenzado a circular un nuevo borrador de la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una de las principales apuestas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. La filtración ocurre luego de que la UDI advirtiera que no respaldaría la iniciativa en sus actuales términos. Su presidente, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”. El nuevo texto profundiza el componente constitucional de ACOT y contempla modificaciones que van bastante más allá de consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. Entre ellas aparece la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser decretado frente a una “grave alteración de la seguridad pública originada en la acción de organizaciones criminales”. Esta medida tendría una vigencia inicial de hasta 30 días y, para sucesivas prórrogas, requeriría acuerdo del Congreso. Durante este estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrían prestar colaboración a Carabineros y la PDI. El proyecto también modifica el artículo 101 de la Constitución para establecer una base más amplia para esa cooperación, aunque mantiene a las instituciones policiales como responsables principales de la seguridad pública. Otro de los aspectos mencionados es el régimen previsto para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico. La propuesta permite establecer cárceles con restricciones especiales de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. Además, plantea que estas personas queden inhabilitadas durante su condena y por 15 años después de cumplirla para acceder a determinadas prestaciones estatales asociadas a salud, educación, trabajo y seguridad social. Respecto de quienes ya reciban esos beneficios, el borrador establece que “las perderán de pleno derecho”. Este punto ha estado entre los principales factores de división dentro del oficialismo. El documento también permitiría crear registros de organizaciones criminales y facultaría al Presidente para declarar a una asociación como organización criminal transnacional, decisión sometida posteriormente al Senado. A ello se agregan herramientas cautelares: durante el nuevo estado de excepción, Fiscalía podría solicitar antes de una formalización una prohibición de salida del país de hasta 60 días y medidas para inmovilizar bienes o fondos presuntamente relacionados con estructuras criminales. La reforma forma parte de una ACOT más amplia, presentada originalmente bajo cuatro ejes —Perseguir, Capturar, Juzgar y Condenar— y compuesta por una treintena de iniciativas legislativas. Por ello, medidas anunciadas anteriormente, como ampliar el período de flagrancia o intervenir barrios críticos, no necesariamente deben aparecer en este proyecto constitucional y podrían avanzar mediante otras iniciativas legales. Cabe precisar que el documento corresponde a un borrador de trabajo de la reforma constitucional asociada a la ACOT y, por lo tanto, su contenido aún podría sufrir modificaciones antes de ser ingresado formalmente al Congreso. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno está considerando la posibilidad de establecer un nuevo estado de excepción constitucional que se aplique específicamente en áreas con altos índices de delincuencia, como parte de un amplio plan de seguridad presentado por el Presidente José Antonio Kast. Esta propuesta, aún en fase de evaluación, tiene como objetivo fortalecer la presencia policial y tomar medidas extraordinarias en aquellas zonas donde las autoridades identifiquen niveles más altos de criminalidad y miedo entre los residentes. Tras el discurso del presidente transmitido a nivel nacional, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reveló que se está considerando la implementación de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en sectores o barrios específicos dentro de una ciudad, que estaría a cargo de Carabineros con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Según Alvarado, se trataría de un estado de excepción constitucional que, basado en ciertos parámetros o indicadores, indique que es necesario intervenir de manera más profunda para combatir la delincuencia. Además, explicó que esta medida estaría bajo la supervisión de Carabineros, con el respaldo y cooperación de las Fuerzas Armadas, quienes podrían implementar medidas excepcionales como restringir la libertad de movimiento. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, está encargado de identificar los sectores que podrían ser intervenidos bajo este nuevo mecanismo. La idea es aumentar la vigilancia policial en esos barrios más peligrosos, donde las personas sienten un mayor temor y se ven obligadas a permanecer en sus hogares sin poder circular libremente por las calles, señaló Alvarado. Fuente: ADN Radio Nacional
