El ministro Luis Cordero declaró que el proceso de extradición con Colombia suele ser rápido y que el tiempo necesario dependerá de la defensa del acusado. En relación a la fuga de tres reclusos, calificó el hecho como incomprensible y anunció una investigación tanto administrativa como penal, con despliegue policial en todo el territorio nacional. En una entrevista en el programa Estado Nacional, el ministro abordó la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido como el sicario del “Rey de Meiggs”, y la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso. Según Cordero, la extradición podría resolverse en un plazo de dos a tres meses, dependiendo del proceso judicial en Colombia y de la estrategia legal adoptada. El ministro explicó que el Ministerio Público presenta la solicitud, la Cancillería se encarga de su gestión y luego continúa la fase jurisdiccional en el país vecino. Las experiencias previas con Colombia son ágiles, afirmó. Destacó que la detención se logró gracias a la cooperación internacional, tras una alerta roja emitida por Interpol, y elogió el trabajo realizado por el OS9 de Carabineros y por la PDI. Cordero describió la fuga como un acto extremadamente grave e incomprensible. Se refirió a un despliegue nacional de Carabineros y PDI, con refuerzos en los pasos fronterizos, y mencionó problemas estructurales en el sistema penitenciario como sobrepoblación, deficiencias en infraestructura y cambios legislativos que han aumentado la población bajo custodia de Gendarmería. Al ser consultado sobre posibles movimientos del acusado antes de su arresto, Cordero se negó a proporcionar detalles por razones investigativas. Respecto a su regreso a Chile, reiteró que el plazo dependerá del desarrollo del proceso en Colombia y que el objetivo es llevar a cabo la extradición tan pronto como sea posible. Fuente: CNN Chile País
La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra en proceso de adquisición de seis vehículos blindados tipo SUV para la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana (BRTM). El monto máximo para esta compra asciende a 1 millón de dólares, equivalente a más de 938 mil millones de pesos. Estos nuevos vehículos tienen como objetivo proporcionar herramientas mejoradas al personal de la BRTM, quienes se encargan principalmente de llevar a cabo allanamientos, brindar seguridad perimetral en operativos policiales y realizar acciones contra el crimen organizado y delincuentes de alta peligrosidad. Según el portal especializado Info Defensa, la PDI está en busca de vehículos del tipo Station Wagon del año comercial 2025 o posterior, nuevos y sin uso, con chasis estándar estadounidense Full Size y capacidad para cinco ocupantes. En cuanto a las especificaciones técnicas requeridas, la licitación pública solicita motores bencineros de 8 cilindros en V con una potencia máxima de 350 hp y torque no inferior a 515 nm que cumpla con la norma de emisión Euro 6 o superior. Además, se exige un estanque de combustible con capacidad mínima de 100 litros. Los nuevos móviles para la PDI deberán contar con transmisión automática de 10 o más velocidades, suspensión delantera y trasera tipo Magnetic Ride System, amortiguadores Standar o superior para SUV Full Size de Estados Unidos, frenos delanteros y traseros de disco de 17' con sistemas EBS y EBD, además de neumáticos todoterreno. El aspecto más relevante será el blindaje para operaciones policiales, que deberá cumplir con el estándar CEN 1063, nivel BR6 o NIJ 0108.01 nivel II en los 360° del vehículo. Los materiales utilizados deben ser plásticos, cerámicos o aceros balísticos mezclados entre sí, manteniendo un blindaje integrado y oculto que no altere la forma externa de los vehículos. Por último, se requiere que los vehículos cuenten con vidrios blindados que conserven su forma original y visibilidad exterior. Las ventanas del conductor y copiloto deben poder bajar al menos un 50% y considerar troneras de 110 a 112 mm para el uso de armas, junto con rejillas desmontables tipo RIOT para protección adicional. Fuente: Meganoticias
La Policía de Investigaciones (PDI) emitió una alerta a la ciudadanía debido a la circulación de un correo electrónico falso que pretende ser una orden de procedimiento judicial. En el mensaje se menciona que es a solicitud del Sr. Eduardo Cerna Lozano, director general de la Policía Nacional (PDI), y del Sr. Jean Philippe Lecouffe, director ejecutivo adjunto de la oficina europea de Policía (Europol). El correo fraudulento insta a los destinatarios a contactar a través de un correo electrónico específico al recibir el documento, pero se enfatiza que no se debe tomar ninguna acción, ya que se confirma que el correo es falso. Además, se destaca que el mensaje contiene los logotipos del Ministerio de Justicia de Chile y de Europol. Ante esta situación, la institución recomienda enfáticamente a las personas no responder al remitente. En caso de haber respondido y ser víctima de algún delito, se aconseja realizar la denuncia en la unidad policial más cercana. En relación con este tema, las autoridades advierten: “En correos de remitentes desconocidos siempre recuerda: ¡No abrir ningún link o archivo adjunto!” PDI alerta por correo electrónico falso que simula ser una orden de procedimiento judicial: Recomendaron no abrir links desconocidos/PDI Fuente: CNN Chile País
El 15 de abril, en el 7° Juzgado de Garantía se realizó la última audiencia en el marco de la investigación que está llevando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, contra la diputada PC Carol Kariola por presunto tráfico de influencias. En esa audiencia, a la cual no pudo ingresar prensa y que duró 33 minutos, el abogado de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, Miguel Schurmann, solicitó la eliminación del informe de la Policía de Investigación catalogado con el número 487 y que fue incorporado por el Ministerio Público. Juan Carlos Manríquez, abogado de Cariola, solicitó tener acceso a otro informe, el 105 de la PDI. En este documento se detallan los argumentos del polémico allanamiento realizado mientras Cariola estaba dando a luz a su primer hijo en un hospital capitalino. Otro punto discutido fue un nuevo informe enviado por el fiscal Cooper (487), donde se detectaron errores que no fueron corregidos. El abogado planteó esta inquietud en tribunal para ser tratada posteriormente en otra audiencia. Uno de los puntos clave es la confusión entre dos empresarios mencionados en chats parlamentarios: Carlos Frings y Bo Emilio Yang. La diputada comunista hablaba sobre un empresario cercano que apoyó su campaña, refiriéndose finalmente a Frings Arias y no a Yang como inicialmente creyó la PDI. Otro aspecto relevante es una interpretación policial considerada mañosa por parte del abogado Manríquez. Se espera una revisión más detallada durante una próxima audiencia fijada para mayo. Fuente: La Tercera Nacional
La diligencia realizada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, tiene como objetivo advertir si eventualmente pudo existir alguna alteración en las evidencias relacionadas con la desaparición de María Ercira Contreras en mayo de 2024. El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia de la adulta mayor desaparecida, solicitó la recuperación de evidencias esenciales, como las cámaras con 24 horas de grabación. Estas son piezas clave en la investigación para descubrir el paradero de Contreras. La fiscal Perivancich aclaró que esta diligencia fue solicitada por la parte querellante y tiene como objetivo examinar íntegramente los respaldos de los vídeos obtenidos por las cámaras del local donde ocurrió la desaparición. Se busca determinar si hubo alguna alteración en estas imágenes. En relación a este tema, Perivancich explicó que se ha realizado una diligencia muy específica debido a que en algunos momentos la imagen se cae brevemente. Esta solicitud fue aceptada por la fiscalía y forma parte del proceso investigativo que ha pasado por distintas etapas. Además, se mencionó que algunas diligencias han sido llevadas a cabo bajo secreto de investigación para evitar filtraciones que puedan perjudicar el desarrollo eficiente del caso. La fiscal destacó que es importante mantener la confidencialidad para garantizar el éxito de las pesquisas. Fuente: La Tercera Nacional
El ministro Luis Cordero declaró que el proceso de extradición con Colombia suele ser rápido y que el tiempo necesario dependerá de la defensa del acusado. En relación a la fuga de tres reclusos, calificó el hecho como incomprensible y anunció una investigación tanto administrativa como penal, con despliegue policial en todo el territorio nacional. En una entrevista en el programa Estado Nacional, el ministro abordó la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido como el sicario del “Rey de Meiggs”, y la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso. Según Cordero, la extradición podría resolverse en un plazo de dos a tres meses, dependiendo del proceso judicial en Colombia y de la estrategia legal adoptada. El ministro explicó que el Ministerio Público presenta la solicitud, la Cancillería se encarga de su gestión y luego continúa la fase jurisdiccional en el país vecino. Las experiencias previas con Colombia son ágiles, afirmó. Destacó que la detención se logró gracias a la cooperación internacional, tras una alerta roja emitida por Interpol, y elogió el trabajo realizado por el OS9 de Carabineros y por la PDI. Cordero describió la fuga como un acto extremadamente grave e incomprensible. Se refirió a un despliegue nacional de Carabineros y PDI, con refuerzos en los pasos fronterizos, y mencionó problemas estructurales en el sistema penitenciario como sobrepoblación, deficiencias en infraestructura y cambios legislativos que han aumentado la población bajo custodia de Gendarmería. Al ser consultado sobre posibles movimientos del acusado antes de su arresto, Cordero se negó a proporcionar detalles por razones investigativas. Respecto a su regreso a Chile, reiteró que el plazo dependerá del desarrollo del proceso en Colombia y que el objetivo es llevar a cabo la extradición tan pronto como sea posible. Fuente: CNN Chile País
La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra en proceso de adquisición de seis vehículos blindados tipo SUV para la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana (BRTM). El monto máximo para esta compra asciende a 1 millón de dólares, equivalente a más de 938 mil millones de pesos. Estos nuevos vehículos tienen como objetivo proporcionar herramientas mejoradas al personal de la BRTM, quienes se encargan principalmente de llevar a cabo allanamientos, brindar seguridad perimetral en operativos policiales y realizar acciones contra el crimen organizado y delincuentes de alta peligrosidad. Según el portal especializado Info Defensa, la PDI está en busca de vehículos del tipo Station Wagon del año comercial 2025 o posterior, nuevos y sin uso, con chasis estándar estadounidense Full Size y capacidad para cinco ocupantes. En cuanto a las especificaciones técnicas requeridas, la licitación pública solicita motores bencineros de 8 cilindros en V con una potencia máxima de 350 hp y torque no inferior a 515 nm que cumpla con la norma de emisión Euro 6 o superior. Además, se exige un estanque de combustible con capacidad mínima de 100 litros. Los nuevos móviles para la PDI deberán contar con transmisión automática de 10 o más velocidades, suspensión delantera y trasera tipo Magnetic Ride System, amortiguadores Standar o superior para SUV Full Size de Estados Unidos, frenos delanteros y traseros de disco de 17' con sistemas EBS y EBD, además de neumáticos todoterreno. El aspecto más relevante será el blindaje para operaciones policiales, que deberá cumplir con el estándar CEN 1063, nivel BR6 o NIJ 0108.01 nivel II en los 360° del vehículo. Los materiales utilizados deben ser plásticos, cerámicos o aceros balísticos mezclados entre sí, manteniendo un blindaje integrado y oculto que no altere la forma externa de los vehículos. Por último, se requiere que los vehículos cuenten con vidrios blindados que conserven su forma original y visibilidad exterior. Las ventanas del conductor y copiloto deben poder bajar al menos un 50% y considerar troneras de 110 a 112 mm para el uso de armas, junto con rejillas desmontables tipo RIOT para protección adicional. Fuente: Meganoticias
La Policía de Investigaciones (PDI) emitió una alerta a la ciudadanía debido a la circulación de un correo electrónico falso que pretende ser una orden de procedimiento judicial. En el mensaje se menciona que es a solicitud del Sr. Eduardo Cerna Lozano, director general de la Policía Nacional (PDI), y del Sr. Jean Philippe Lecouffe, director ejecutivo adjunto de la oficina europea de Policía (Europol). El correo fraudulento insta a los destinatarios a contactar a través de un correo electrónico específico al recibir el documento, pero se enfatiza que no se debe tomar ninguna acción, ya que se confirma que el correo es falso. Además, se destaca que el mensaje contiene los logotipos del Ministerio de Justicia de Chile y de Europol. Ante esta situación, la institución recomienda enfáticamente a las personas no responder al remitente. En caso de haber respondido y ser víctima de algún delito, se aconseja realizar la denuncia en la unidad policial más cercana. En relación con este tema, las autoridades advierten: “En correos de remitentes desconocidos siempre recuerda: ¡No abrir ningún link o archivo adjunto!” PDI alerta por correo electrónico falso que simula ser una orden de procedimiento judicial: Recomendaron no abrir links desconocidos/PDI Fuente: CNN Chile País
El 15 de abril, en el 7° Juzgado de Garantía se realizó la última audiencia en el marco de la investigación que está llevando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, contra la diputada PC Carol Kariola por presunto tráfico de influencias. En esa audiencia, a la cual no pudo ingresar prensa y que duró 33 minutos, el abogado de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, Miguel Schurmann, solicitó la eliminación del informe de la Policía de Investigación catalogado con el número 487 y que fue incorporado por el Ministerio Público. Juan Carlos Manríquez, abogado de Cariola, solicitó tener acceso a otro informe, el 105 de la PDI. En este documento se detallan los argumentos del polémico allanamiento realizado mientras Cariola estaba dando a luz a su primer hijo en un hospital capitalino. Otro punto discutido fue un nuevo informe enviado por el fiscal Cooper (487), donde se detectaron errores que no fueron corregidos. El abogado planteó esta inquietud en tribunal para ser tratada posteriormente en otra audiencia. Uno de los puntos clave es la confusión entre dos empresarios mencionados en chats parlamentarios: Carlos Frings y Bo Emilio Yang. La diputada comunista hablaba sobre un empresario cercano que apoyó su campaña, refiriéndose finalmente a Frings Arias y no a Yang como inicialmente creyó la PDI. Otro aspecto relevante es una interpretación policial considerada mañosa por parte del abogado Manríquez. Se espera una revisión más detallada durante una próxima audiencia fijada para mayo. Fuente: La Tercera Nacional
La diligencia realizada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, tiene como objetivo advertir si eventualmente pudo existir alguna alteración en las evidencias relacionadas con la desaparición de María Ercira Contreras en mayo de 2024. El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia de la adulta mayor desaparecida, solicitó la recuperación de evidencias esenciales, como las cámaras con 24 horas de grabación. Estas son piezas clave en la investigación para descubrir el paradero de Contreras. La fiscal Perivancich aclaró que esta diligencia fue solicitada por la parte querellante y tiene como objetivo examinar íntegramente los respaldos de los vídeos obtenidos por las cámaras del local donde ocurrió la desaparición. Se busca determinar si hubo alguna alteración en estas imágenes. En relación a este tema, Perivancich explicó que se ha realizado una diligencia muy específica debido a que en algunos momentos la imagen se cae brevemente. Esta solicitud fue aceptada por la fiscalía y forma parte del proceso investigativo que ha pasado por distintas etapas. Además, se mencionó que algunas diligencias han sido llevadas a cabo bajo secreto de investigación para evitar filtraciones que puedan perjudicar el desarrollo eficiente del caso. La fiscal destacó que es importante mantener la confidencialidad para garantizar el éxito de las pesquisas. Fuente: La Tercera Nacional
