Seremi de Gobierno capacitó a 200 dirigentes de Tarapacá en Escuela de Formación Social

Junto con celebrar el Día del Dirigente y 50 años de ley que reconoce su rol social

Como un sueño cumplido vivieron cerca de 200 dirigentes sociales de las siete comunas de la región, al participar y certificarse en la Escuela de Formación Social 2018 organizada por la Seremi de Gobierno y la Universidad Tecnológica de Inacap sede Iquique, en el marco de un convenio de colaboración mutua.

La ceremonia, que contó con la presencia de autoridades del Ministerio Secretaría General de Gobierno, intendente regional, parlamentarios y directivos de Inacap, permitió sellar el proceso formativo de los dirigentes, quienes participaron en un módulo a elección, para adquirir aprendizajes en temas como Ley 20.500 sobre Participación Ciudadana, Liderazgo y Rol del Dirigente Social, Ley 19.418 y Formulación de Proyectos, lo que les permitirá potenciar su rol como líderes sociales en sus propias organizaciones y comunidades.

Al respecto, la Seremi de Gobierno, Ana María Tiemann (@anamariatiemann) valoró el compromiso y esfuerzo de los dirigentes de las comunas del interior, que viajaron desde muy temprano para estar presentes en esta capacitación.

“Esta escuela es un gran avance para fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo de los dirigentes, además de contribuir al desarrollo de una cultura de participación ciudadana, ya que ellos son un pilar esencial para estar en contacto con la comunidad, conocer sus necesidades y problemas; y nosotros poder cumplir con los compromisos y programa del gobierno del Presidente Sebastián Piñera (@sebastianpinera) en la región”.

Para el Subsecretario General de Gobierno, Emardo Hantelmann (@ehantelmann) la sociedad civil en su conjunto y sus dirigentes son de gran relevancia para el gobierno, “porque ellos (dirigentes) trabajan desde el voluntariado para atender los problemas de sus vecinos y comunidad. Y es por ello que consideramos necesario entregarles capacidades y fortalecerlos en su rol, herramientas que han aprendido en esta escuela de formación; y que continuaremos desarrollando próximamente para avanzar en la participación ciudadana, ya que somos un gobierno cercano, que escucha a la comunidad”.

RECONOCIMIENTO

Durante la ceremonia, y como parte de la celebración del Día del Dirigente Social y los 50 años de la ley que reconoce su rol social, tras recibir el saludo enviado por el Presidente Sebastián Piñera, las autoridades entregaron un reconocimiento a tres dirigentes sociales de Tarapacá, premio que recayó en Alicia Naranjo (Iquique), Miriam Espinoza (Alto

Hospicio) y Félix Parra (Pisagua), por su compromiso, dedicación y vocación de servicio público hacia su comunidad.

En ese sentido, el director nacional de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Alvaro Pillado (@alvaropillado) comentó que para el gobierno es importante empoderar a los dirigentes sociales, junto con reconocer el rol que cumplen en la sociedad.

“Estamos convencidos que un dirigente social informado, con capacitación y empoderado, puede cambiar la vida de la comunidad a la que representa. En la medida que ellos tengan la fuerza para poder representar mejor a sus comunidades, vamos a poder generar un mejor trabajo para resolver las necesidades de las personas”.

Como una forma de sellar el trabajo gobierno y comunidad de Tarapacá, las autoridades y dirigentes firmaron el “Compromiso por la Participación”, lo que a juicio del intendente regional, Miguel Angel Quezada, representa una el trabajo que lleva adelante el gobierno, “para que seamos capaces en conjunto sigamos adelante, ya que los tarapaqueños necesitan a sus dirigentes, ya que hacen una labor espectacular. Así es que los insto a seguir trabajando por nuestros barrios y cómo poder sacar adelante a nuestra región”.

En la sesión del Pleno del Consejo Constitucional que tuvo lugar este miércoles, se retomó la votación del proyecto de nueva Carta Magna, centrándose en el Capítulo II que aborda los Derechos Fundamentales y Libertades Fundamentales, así como las Garantías y Deberes Constitucionales.

Durante la votación, los consejeros y consejeras aprobaron el "Derecho a la vida: la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte" con 33 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. Esta norma fue presentada por el Partido Republicano y plantea un desafío para la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (violación, inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre), la cual cumplió recientemente seis años desde su promulgación en el país.

La aprobación de esta norma pone en juego la constitucionalidad de la Ley de Aborto en 3 causales, así como otras leyes que abordan temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de la Píldora del Día Después. Según explicó el abogado y doctor en Derecho, Flavio Quezada, quien forma parte de la Comisión Experta del proceso por el Partido Socialista, esta norma resume los argumentos utilizados por ciertos sectores para intentar declarar inconstitucionales dichas leyes.

Este lunes, después de que venciera el plazo para la restitución de fondos por parte de Democracia Viva a la Secretaría Ministerial (Seremi) de Vivienda en Antofagasta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ofreció detalles sobre esta situación.

El ministro explicó que el plazo para la restitución de los fondos se contabiliza desde el momento de la notificación. Además, mencionó que el 14 de julio, un día después de que se dictara la resolución, la Seremi de Vivienda solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) una medida prejudicial precautoria para que los fondos de Democracia Viva quedaran con prohibición de celebrar actos de contrato y fueran reintegrados. Esta solicitud fue favorable al Fisco y la medida se decretó, por lo que los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del Tribunal.

En cuanto a los montos a devolver, Democracia Viva debía restituir a las arcas fiscales 426 millones de pesos que la Seremi de Antofagasta entregó por el desarrollo de tres proyectos de habitabilidad en la región. Sin embargo, la fundación argumentó que la cifra a devolver era de sólo 294.384.230 millones de pesos.

Ante esta situación, el ministro Cordero afirmó que el CDE interpondrá acciones civiles en los próximos días y que, si Democracia Viva se niega a reintegrar los fondos faltantes, se tomarán acciones legales y civiles de manera clara.

El ministro de Justicia concluyó diciendo que “el resguardo del último peso transferido será, si no lo hacen, se harán las acciones civiles y penal que correspondan.”