La operación se detalla en la memoria anual integrada de la empresa del año 2021, donde señala que la sesión Nº 211, de fecha 27 de mayo de ese año, se autorizó por parte del directorio a la adjudicación de ese monto de dinero por el trabajo de asesoría de su presidente.
Al respecto, el diputado Ramírez señaló a la prensa que “es impresentable que Zofri siga actuando como si fuera una empresa privada, considerando que en realidad es una empresa pública, que fue creada para fomentar el desarrollo de Tarapacá. Es importante se aclare si hubo ilegalidades en esta asignación, para determinar su responsabilidad por parte del ex presidente del directorio de Zofri”.
Además, el parlamentario agregó que ”también he solicitado indagar si eventualmente hubo delitos funcionarios como el tráfico de influencia, negociación incompatible o fraude al fisco. Esperamos que la Contraloría investigue en profundidad y aclare estos hechos”, sentenció.
Ahora será la propia Contraloría General de la República quien deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del trámite y determinar la legalidad –si hubo o no faltas a la probidad– en los hechos denunciados, y con ello, las responsabilidades con las respectivas consecuencias judiciales.
