Senado aprueba beneficio para que clase media adquiera viviendas

El Senado aprobó el proyecto del Gobierno que busca brindar facilidades a la clase media para la adquisición de viviendas, con el objetivo de reactivar el mercado inmobiliario y de la construcción. Esta iniciativa apoyará a las personas que compren una vivienda con crédito hipotecario, a través de un crédito tributario reembolsable. Esto significa que se rebajará el Impuesto Global Complementario o se otorgará una devolución de hasta 16 UTM ($1.000.000) por la compra de viviendas nuevas.

Con esta medida, se pretende hacer frente a la crisis habitacional que existe en nuestro país. El proyecto fue respaldado por el Senado con 28 votos a favor y 1 abstención. El beneficio se entregará durante cinco años, por lo que el monto total de rebaja tributaria o subsidio por contribuyente ascenderá a $5.000.000.

Requisitos para acceder al beneficio:

Que la vivienda adquirida se encuentre construida y con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de la ley o, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no cuenten con recepción final conforme, siempre que respecto de ellas exista un contrato de promesa de compraventa posterior al 16 de octubre de 2023.
Que la compraventa se haya realizado a partir de la entrada en vigencia de la ley y la vivienda adquirida se encuentre inscrita a nombre de la persona en el Conservador de Bienes Raíces respectivo antes del 01 de octubre de 2024.

Este beneficio será compatible con todos los subsidios para la adquisición de viviendas, así como con el beneficio tributario de rebaja del gasto en intereses hipotecarios de la base imponible del Impuesto Global Complementario.

En la Cámara Alta, la senadora Isabel Allende reconoció que la construcción no atraviesa un momento favorable debido a los altos costos, tasas de interés, escasa capacidad de ahorro y endeudamiento, entre otros factores. Sin embargo, valoró el proyecto de ley como una alternativa para ayudar a las familias y reactivar la industria, ya que es compatible con otros beneficios para adquirir vivienda y otros beneficios tributarios.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma respaldó el proyecto y señaló que, a su parecer, este esfuerzo es "completamente menor" en comparación con la falta de crecimiento e inversión en toda la actividad económica. Manifestó su esperanza de que se implemente una agenda de segundo tiempo que permita reactivar Chile, ya que el país se encuentra entre los tres que menos crecen en Latinoamérica.

APROBADO✅| Sala del Senado aprobó proyecto que establece un beneficio tributario transitorio y extraordinario a la compra de viviendas nuevas adquiridas con créditos con garantía hipotecaria.

La iniciativa se envía a la @Camara_cl para que le comunique al Ejecutivo la… pic.twitter.com/N9wFWreeXE
— Senado Chile (@Senado_Chile) October 25, 2023

Esta jornada la Defensoría de la Niñez presentó su quinto informe anual, una radiografía crítica que destaca las principales brechas en cuanto al respeto, protección y promoción de los derechos de los más jóvenes en Chile. Este informe, entregado tanto a la ciudadanía como a los representantes de los poderes del Estado, aborda en su segunda parte diversas temáticas relacionadas con la situación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en el país.

Sin embargo, lo que destaca con urgencia es el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, revelado tanto en la cuenta pública anual como en una de las notas temáticas.

De las 45 querellas presentadas entre julio de 2022 y junio de 2023, 14 corresponden a delitos de violencia sexual, perpetrados exclusivamente contra niñas y adolescentes mujeres. Alarmantemente, algunas de las víctimas de explotación sexual están actualmente bajo el cuidado del Estado, según informa la Defensoría.

El recién nombrado Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó la gravedad de la situación, destacando que la institución está ejerciendo sus facultades para intervenir jurídicamente en estos delitos. No obstante, subrayó que se requiere un abordaje integral y la colaboración tanto del Estado como de la sociedad para prevenir estos hechos tan graves.

El informe también aborda la "Garantía de no repetición de la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes", en el contexto de los 50 años del Golpe de Estado. El documento exige verdad, justicia y reparación para los menores víctimas de violencia en entornos institucionales y de cuidado estatal, considerándolo como graves violaciones a sus derechos humanos.

En cuanto a la Cuenta Pública, que comprende el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, la Defensoría de la Niñez recibió 4,121 solicitudes en todo el país, con 2,212 en el nivel central y 1,909 en sus sedes regionales. Además, se interpusieron 36 denuncias penales, 83 denuncias administrativas y se implementaron 61 medidas de protección. También se presentaron 45 querellas por delitos de alta connotación pública y 10 amicus curiae, con el propósito de proporcionar opiniones especializadas en causas judiciales.

Diputados del partido Renovación Nacional (RN) presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República, acusando al Presidente de la República, Gabriel Boric, de intervencionismo electoral de cara al plebiscito constitucional programado para el 17 de diciembre. La denuncia se basa en declaraciones recabadas por Radio Bío Bío y acusa al mandatario de inclinarse hacia la opción "En Contra".

Los legisladores, encabezados por los diputados Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, fundamentan su acción en una nota de prensa del medio La Tercera, donde se enteraron "de la realización de una publicación efectuada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en su red social X (@voceriagobierno), exTwitter, en donde, bajo el contexto de la campaña #ChileVotaInformado, el pasado 23 de noviembre se habría subido a la red antes aludida un afiche que hace referencia al proceso eleccionario que viviremos en nuestro país el próximo 17 de diciembre".

La infografía señalaba que "el 17 de diciembre, las personas habilitadas para sufragar deberán votar a favor o en contra de la propuesta de Constitución, que realizó el Consejo Constitucional", seguido de "en caso de que gane la opción a favor, se promulgará la nueva Constitución de la República, tras ser publicada en el Diario Oficial", "Si gana la preferencia en contra, seguirá la actual Constitución y no habrá un nuevo proceso constitucional".

A pesar de la eliminación posterior del afiche, los diputados RN expresaron su preocupación y solicitaron a la Contraloría que, en uso de sus facultades, investigue la situación para esclarecer las sospechas de intervencionismo gubernamental. Se refirieron a la eliminación de la publicación como un intento de encubrimiento y manifestaron la necesidad de despejar dudas sobre la supuesta intencionalidad del gobierno para influir en el éxito del proceso constitucional.

En el comunicado, los parlamentarios también hacen referencia a eventos pasados, como reuniones de coordinación por la opción "Apruebo" en el Palacio de La Moneda en 2022, y piden que se instruya un sumario administrativo para determinar la legitimidad de dichos eventos y aplicar las sanciones correspondientes.

La subjefa de la Bancada, Marcia Raphael, afirmó que "el gobierno está desesperado por el aumento en los chilenos que votaremos a favor de la propuesta constitucional y también de que la ciudadanía no les crea, que con el eventual triunfo del en contra no se intentará en un tercer proceso, lo ha dicho el alcalde Jadue, la diputada Cariola y el senador Quintana".

Mientras que el jefe de Bancada, Frank Sauerbaum, señaló que "el gobierno, ante el avance de la opción a favor, ha entrado con toda la campaña para favorecer su opción En Contra y ha entrado con el "Black Friday", una serie de ofertas como pagar el CAE, como presentar un proyecto para la Defensoría de las Víctimas o como ahora prohibir el ingreso de los inmigrantes legales y simplemente excusarlos".

Frente a estas acusaciones, el director del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, indicó que "eso es materia de la Contraloría, el que regula que los funcionarios públicos no intervengan en las campañas durante sus actividades funcionarias que se desempeñan. Obviamente, no tienen prohibición de participar en la campaña, al margen de esas actividades o fuera de ellas, y tampoco emitir opinión".

“Yo quiero recordar que emitir opiniones no constituye propaganda electoral, y eso está claramente definido en la ley. Así que eso es materia de Contraloría, no del Servicio Electoral”, cerró el director.