Ministro Cataldo insta a profesores de Atacama a volver a las aulas

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado este domingo a los profesores de Atacama a aceptar la propuesta presentada por su cartera para retomar las clases en los recintos públicos de la región, que llevan casi dos meses paralizados debido a las falencias en infraestructura denunciadas por los docentes.

El plan del Gobierno contempla reiniciar las clases este jueves 2 de noviembre, con el objetivo de cerrar el año educacional el 12 de enero de 2024, en los 46 recintos administrados por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) que se adhirieron al paro. Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, ya ha advertido que rechazarán la propuesta, ya que consideran que no se ajusta a la realidad.

En una entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el ministro Cataldo señaló que "mi perspectiva es que hay un plan que está funcionado, ya se iniciaron las obras en varias escuelas, y de aquí al 31, es decir al martes, se está planificando que deben entrar el resto de los establecimientos educacionales en intervenciones (...) y esperamos que obviamente las comunidades reciban esto con la apertura para que no le pasemos la cuenta a los estudiantes". Reconoció que existe un problema real de infraestructura y que deben dar cuenta de cómo solucionarlo, pero enfatizó en que no se puede mantener a los estudiantes atrapados en un conflicto. Destacó que es necesario poner a los estudiantes en el centro y no poner en riesgo su educación, especialmente en un escenario de pandemia donde ya se han perdido aprendizajes.

El ministro aseguró que se está trabajando en la solución de las demandas de los profesores y que están abiertos a buscar todas las formas posibles para avanzar en ellas. Sin embargo, no ve ninguna razón para que el paro se mantenga, siempre y cuando existan las condiciones para la flexibilidad y el avance en las demandas planteadas.

Por otro lado, al ser consultado sobre la situación educacional a nivel país, Cataldo afirmó que no tiene dudas de que estamos en un escenario peor que hace 20 años atrás.

Esta jornada la Defensoría de la Niñez presentó su quinto informe anual, una radiografía crítica que destaca las principales brechas en cuanto al respeto, protección y promoción de los derechos de los más jóvenes en Chile. Este informe, entregado tanto a la ciudadanía como a los representantes de los poderes del Estado, aborda en su segunda parte diversas temáticas relacionadas con la situación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en el país.

Sin embargo, lo que destaca con urgencia es el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, revelado tanto en la cuenta pública anual como en una de las notas temáticas.

De las 45 querellas presentadas entre julio de 2022 y junio de 2023, 14 corresponden a delitos de violencia sexual, perpetrados exclusivamente contra niñas y adolescentes mujeres. Alarmantemente, algunas de las víctimas de explotación sexual están actualmente bajo el cuidado del Estado, según informa la Defensoría.

El recién nombrado Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó la gravedad de la situación, destacando que la institución está ejerciendo sus facultades para intervenir jurídicamente en estos delitos. No obstante, subrayó que se requiere un abordaje integral y la colaboración tanto del Estado como de la sociedad para prevenir estos hechos tan graves.

El informe también aborda la "Garantía de no repetición de la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes", en el contexto de los 50 años del Golpe de Estado. El documento exige verdad, justicia y reparación para los menores víctimas de violencia en entornos institucionales y de cuidado estatal, considerándolo como graves violaciones a sus derechos humanos.

En cuanto a la Cuenta Pública, que comprende el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, la Defensoría de la Niñez recibió 4,121 solicitudes en todo el país, con 2,212 en el nivel central y 1,909 en sus sedes regionales. Además, se interpusieron 36 denuncias penales, 83 denuncias administrativas y se implementaron 61 medidas de protección. También se presentaron 45 querellas por delitos de alta connotación pública y 10 amicus curiae, con el propósito de proporcionar opiniones especializadas en causas judiciales.

Diputados del partido Renovación Nacional (RN) presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República, acusando al Presidente de la República, Gabriel Boric, de intervencionismo electoral de cara al plebiscito constitucional programado para el 17 de diciembre. La denuncia se basa en declaraciones recabadas por Radio Bío Bío y acusa al mandatario de inclinarse hacia la opción "En Contra".

Los legisladores, encabezados por los diputados Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, fundamentan su acción en una nota de prensa del medio La Tercera, donde se enteraron "de la realización de una publicación efectuada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en su red social X (@voceriagobierno), exTwitter, en donde, bajo el contexto de la campaña #ChileVotaInformado, el pasado 23 de noviembre se habría subido a la red antes aludida un afiche que hace referencia al proceso eleccionario que viviremos en nuestro país el próximo 17 de diciembre".

La infografía señalaba que "el 17 de diciembre, las personas habilitadas para sufragar deberán votar a favor o en contra de la propuesta de Constitución, que realizó el Consejo Constitucional", seguido de "en caso de que gane la opción a favor, se promulgará la nueva Constitución de la República, tras ser publicada en el Diario Oficial", "Si gana la preferencia en contra, seguirá la actual Constitución y no habrá un nuevo proceso constitucional".

A pesar de la eliminación posterior del afiche, los diputados RN expresaron su preocupación y solicitaron a la Contraloría que, en uso de sus facultades, investigue la situación para esclarecer las sospechas de intervencionismo gubernamental. Se refirieron a la eliminación de la publicación como un intento de encubrimiento y manifestaron la necesidad de despejar dudas sobre la supuesta intencionalidad del gobierno para influir en el éxito del proceso constitucional.

En el comunicado, los parlamentarios también hacen referencia a eventos pasados, como reuniones de coordinación por la opción "Apruebo" en el Palacio de La Moneda en 2022, y piden que se instruya un sumario administrativo para determinar la legitimidad de dichos eventos y aplicar las sanciones correspondientes.

La subjefa de la Bancada, Marcia Raphael, afirmó que "el gobierno está desesperado por el aumento en los chilenos que votaremos a favor de la propuesta constitucional y también de que la ciudadanía no les crea, que con el eventual triunfo del en contra no se intentará en un tercer proceso, lo ha dicho el alcalde Jadue, la diputada Cariola y el senador Quintana".

Mientras que el jefe de Bancada, Frank Sauerbaum, señaló que "el gobierno, ante el avance de la opción a favor, ha entrado con toda la campaña para favorecer su opción En Contra y ha entrado con el "Black Friday", una serie de ofertas como pagar el CAE, como presentar un proyecto para la Defensoría de las Víctimas o como ahora prohibir el ingreso de los inmigrantes legales y simplemente excusarlos".

Frente a estas acusaciones, el director del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, indicó que "eso es materia de la Contraloría, el que regula que los funcionarios públicos no intervengan en las campañas durante sus actividades funcionarias que se desempeñan. Obviamente, no tienen prohibición de participar en la campaña, al margen de esas actividades o fuera de ellas, y tampoco emitir opinión".

“Yo quiero recordar que emitir opiniones no constituye propaganda electoral, y eso está claramente definido en la ley. Así que eso es materia de Contraloría, no del Servicio Electoral”, cerró el director.