​En respuesta al reciente emplazamiento del fiscal nacional, Ángel Valencia, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó sus declaraciones sobre una presunta "red de corrupción de cuello y corbata" en el país. Estas afirmaciones surgieron tras la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

​Vallejo inicialmente señaló que la acción judicial había revelado "indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata", sugiriendo que esta red podría haberse organizado para obstruir investigaciones relacionadas con corrupción llevadas a cabo por la Fiscalía. Además, indicó que dicha red no solo involucraría a Muñoz, sino también a antiguos funcionarios gubernamentales y líderes políticos de la oposición.

​Ante el desafío planteado por el fiscal nacional para que entregara antecedentes sobre esta red, Vallejo reiteró su posición en una entrevista con Radio Universo. Afirmó que, en caso de contar con nuevos antecedentes, los pondrían inmediatamente a disposición de la Fiscalía.

​La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, respaldó las declaraciones de Vallejo, señalando que la preocupación expresada por la ministra es compartida por todos los ciudadanos. Asimismo, subrayó la importancia de investigar a fondo y sancionar cualquier delito que se descubra en relación con este caso.

​Sin embargo, las afirmaciones de Vallejo han generado controversia, especialmente entre legisladores de la oposición. Diputados de la bancada de la UDI calificaron sus declaraciones como "absolutamente irresponsables" y acusaron a Vallejo de aprovechar políticamente el caso en cuestión. Además, anunciaron que solicitarán su comparecencia ante la comisión investigadora que examina el "Caso Audio".

​Por su parte, los diputados de la UDI también cuestionaron la postura de Vallejo, recordando otros casos de corrupción en los que, según ellos, estaría involucrado el Frente Amplio. Sin embargo, estas acusaciones fueron rebatidas por el excontralor Jorge Bermúdez, quien señaló que no se puede hablar de un "modus operandi" y que tales afirmaciones deben ser corroboradas por otras entidades.