Socavones en Reñaca: Residentes del edificio Santorini reciben luz verde para regresar a sus hogares

La mesa técnica encargada de abordar la problemática de los socavones en Reñaca, ubicada en la región de Valparaíso, tomó la decisión el pasado lunes de reducir el perímetro de seguridad en torno a los inmuebles afectados por la emergencia. Esta medida permitirá a los residentes del edificio Santorini regresar a sus departamentos tras una espera de 7 meses.

La delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, se reunió con los administradores de los tres edificios afectados, así como con el representante del restaurante Stella Maris, para informarles sobre el progreso de las obras de mitigación y la consecuente reducción del perímetro de seguridad.

González expresó: "Podemos informar que tras la entrega de informes tanto del Ministerio de Obras Públicas como del Sernageomin, y tras el análisis de esta mesa, se ha determinado, junto a Senapred, disminuir el perímetro de seguridad, lo que permitirá el regreso de los vecinos y vecinas del edificio Santorini como también la activación del restaurante Stella Maris".

Christian Orellana, director regional de Sernageomin, señaló que "desde el punto de vista geológico y en virtud del avance de la obra del socavón número dos, cambió la condición de seguridad, lo que llevó a reevaluar ese levantamiento preliminar y hoy tenemos un nuevo perímetro más acotado".

Pedro Plaza, director regional de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) de Valparaíso, destacó el hito alcanzado con la construcción del colector provisorio, lo que permitirá trabajar en la reposición del colector principal de Reñaca norte.

Pilar Arce, integrante del comité del edificio Santorini, expresó su satisfacción por poder regresar después de una larga espera. Aclaró que para la mayoría de los afectados, los departamentos funcionaban como su primera vivienda y ahora deben enfrentarse a reparaciones necesarias tras siete meses de ausencia.

Desde el pasado 27 de abril, las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, ubicadas en la Región del Biobío, han estado bajo toque de queda, una acción impuesta por el Gobierno tras el trágico asesinato de tres miembros de Carabineros. Más de una semana después, la medida continúa en vigor y su extensión dependerá de la necesidad, según lo anunciado por las autoridades.

La investigación del crimen sigue activa, con un amplio despliegue de recursos en la zona y un refuerzo en la seguridad. Este martes, la delegada regional Daniela Dresdner se reunió con los alcaldes de las comunas del sur de la Provincia de Arauco para evaluar la efectividad del toque de queda. Según Dresdner, los líderes comunales expresaron su conformidad con la medida, aunque hubo algunas dificultades iniciales con los horarios que se han ido resolviendo.

Actualmente, el toque de queda rige desde la medianoche hasta las 6:00 horas. Respecto a su duración, Dresdner explicó que se discutió en una mesa interagencial, donde las policías y las Fuerzas Armadas concordaron en mantenerlo mientras sea necesario para la investigación en curso y para garantizar la seguridad ciudadana.

Aunque no se han reportado detenciones durante el toque de queda, se han realizado controles, principalmente de identidad. Dresdner informó que la mayoría de las personas controladas tenían salvoconducto, y los casos sin permiso estaban relacionados con confusiones en los horarios.

Estas reuniones también sirvieron para analizar cómo las comunidades han afrontado las restricciones de movilidad. En este sentido, se resaltó la importancia de recopilar información para ajustar las medidas según las necesidades locales.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco dictó una sentencia de 23 años de cárcel para Héctor Llaitul este martes, tras ser hallado culpable de múltiples delitos que incluyen infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, hurto simple y atentado contra la autoridad. La decisión llega después de que el pasado 22 de abril se estableciera su culpabilidad y se fijara la fecha para la lectura definitiva del fallo.

En un veredicto detallado, el tribunal impuso a Llaitul 15 años por los delitos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado, específicamente por infringir las disposiciones contempladas en sus artículos seis, letras C y F. Estos actos fueron cometidos en tres ocasiones distintas: el 8 de enero y el 24 de junio de 2020, así como el 20 de julio de 2022.

Adicionalmente, Llaitul fue condenado a cinco años por un caso consumado de hurto simple perjudicando a Forestal Arauco el día 12 marzo del año anterior. Esta pena viene acompañada por una multa económica equivalente a once unidades tributarias mensuales.

La usurpación violenta también figura entre los cargos probados contra él. Por estos hechos reiterados que afectaron tanto a Forestal Arauco como al ciudadano Jorge Pena, se le asignó una multa adicional consistente en quince unidades tributarias mensuales.

Por último, se le atribuyó una pena adicional correspondiente a tres años por atentar contra autoridades públicas. Durante todo este tiempo deberá además abstenerse ocupar cualquier cargo público.

El tribunal subrayó que no proceden penas sustitutivas para Llaitul según lo estipulado por la ley número 18.216; es decir, deberá cumplir íntegramente las penas privativas libertad impuestas sin posibilidad alguna alternativa penal menos severa. El conteo formal comenzará desde el día señalizado como inicio efectivo: el 25 agosto del año pasado (2022).

Cabe destacar que durante el proceso judicial liderado por Roberto Garrido - Fiscal Regional - se había solicitado inicialmente una pena total mayor: hasta veinticinco años tras las rejas para Héctor Llaitul.