Los problemas legales más comunes de Edificios y Condominios

Edifito.com, junto a misabogados.com, describen las problemáticas más comunes que se viven en Edificios y Condominios, y cómo es posible solucionarlos a través de una asesoría al respecto. Morosidad en el pago de Gastos comunes y la relación entre los vecinos son las situaciones que más se consultan.

Tener una buena relación con las administraciones de los edificios, donde uno vive es fundamental a la hora de tener una vida tranquila. Pagar a tiempo los gastos comunes, convivir en armonía con los vecinos y tener al día las mensualidades del arriendo o pago de contribuciones es el panorama ideal para cualquiera.

Sin embargo, los problemas que se generan en estos espacios habitacionales son más comunes de lo que se espera, y por lo mismo, las administraciones siempre requieren de asesorías de tipo legal para poder solucionarlos.

En este sentido, Edifito.com junto a Misabogados.com ofrecen asesoría legal a todos los edificios y condominios que ocupen la plataforma www.edifito.com. “El objetivo es poder apoyar a los condominios y sus administraciones a solucionar los problemas legales más comunes, ya que –aunque puedan parecer muy complejos y de difícil solución- quizás no lo son tanto”, explica Diego Hernández, Gerente General de Edifito.com.

Los inconvenientes más típicos

“Considero que lo que más preocupa actualmente a los propietarios, administradores y Comités de administración, y que motivan a solicitar asesoría legal, son tres temas fundamentales”, explica Francisco Javier del Solar, abogado de www.misabogados.com

El primero, plantea, son los conflictos entre los copropietarios y la solución entre ellos. “Esta es la mayor preocupación que hay entre los habitantes, Actualmente, éstos exigen los derechos que poco a poco se han ido perdiendo, como el respeto a las horas de sueño (por ruidos molestos), a no tener contaminación, al trato digno y no ofensivo, etc.”, comenta Del Solar.

Y agrega que esto ha llevado a que, tanto Comités de Administración como algunos copropietarios de manera individual, busquen asesoría legal al respecto, “pues no saben que existen las Mediaciones Comunales ni que un juzgado, como es el Juzgado de Policía Local, puede resolver su conflicto, aunque sea muy «doméstico».

Por otro lado, el pago de Gastos Comunes son muchas veces el punto central de la asesoría legal que ofrece Edifito.com y misabogados.com. “Edifito es una plataforma que permite a los copropietarios conocer -desde sus celulares- el estado de su cuenta de gastos comunes. Es interesante, ya que la fiscalización ha crecido bastante, por lo que siempre se solicita asesoría respecto a cobros y facultades que tiene la administración a la hora de cobrar”, dice Francisco del Solar.

Esto, porque el cobro de Gastos Comunes a morosos siempre es una situación ingrata, pero que debe hacerse. Como tercer punto más común que se consultan en el marco de estas asesorías legales, está la gestión en la administración, ya sea para intentar remover a un administrador o comité, solicitar cuentas de los fondos del edificio, finaliza el abogado.

Esta jornada la Defensoría de la Niñez presentó su quinto informe anual, una radiografía crítica que destaca las principales brechas en cuanto al respeto, protección y promoción de los derechos de los más jóvenes en Chile. Este informe, entregado tanto a la ciudadanía como a los representantes de los poderes del Estado, aborda en su segunda parte diversas temáticas relacionadas con la situación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en el país.

Sin embargo, lo que destaca con urgencia es el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, revelado tanto en la cuenta pública anual como en una de las notas temáticas.

De las 45 querellas presentadas entre julio de 2022 y junio de 2023, 14 corresponden a delitos de violencia sexual, perpetrados exclusivamente contra niñas y adolescentes mujeres. Alarmantemente, algunas de las víctimas de explotación sexual están actualmente bajo el cuidado del Estado, según informa la Defensoría.

El recién nombrado Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó la gravedad de la situación, destacando que la institución está ejerciendo sus facultades para intervenir jurídicamente en estos delitos. No obstante, subrayó que se requiere un abordaje integral y la colaboración tanto del Estado como de la sociedad para prevenir estos hechos tan graves.

El informe también aborda la "Garantía de no repetición de la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes", en el contexto de los 50 años del Golpe de Estado. El documento exige verdad, justicia y reparación para los menores víctimas de violencia en entornos institucionales y de cuidado estatal, considerándolo como graves violaciones a sus derechos humanos.

En cuanto a la Cuenta Pública, que comprende el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, la Defensoría de la Niñez recibió 4,121 solicitudes en todo el país, con 2,212 en el nivel central y 1,909 en sus sedes regionales. Además, se interpusieron 36 denuncias penales, 83 denuncias administrativas y se implementaron 61 medidas de protección. También se presentaron 45 querellas por delitos de alta connotación pública y 10 amicus curiae, con el propósito de proporcionar opiniones especializadas en causas judiciales.

Diputados del partido Renovación Nacional (RN) presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República, acusando al Presidente de la República, Gabriel Boric, de intervencionismo electoral de cara al plebiscito constitucional programado para el 17 de diciembre. La denuncia se basa en declaraciones recabadas por Radio Bío Bío y acusa al mandatario de inclinarse hacia la opción "En Contra".

Los legisladores, encabezados por los diputados Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, fundamentan su acción en una nota de prensa del medio La Tercera, donde se enteraron "de la realización de una publicación efectuada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en su red social X (@voceriagobierno), exTwitter, en donde, bajo el contexto de la campaña #ChileVotaInformado, el pasado 23 de noviembre se habría subido a la red antes aludida un afiche que hace referencia al proceso eleccionario que viviremos en nuestro país el próximo 17 de diciembre".

La infografía señalaba que "el 17 de diciembre, las personas habilitadas para sufragar deberán votar a favor o en contra de la propuesta de Constitución, que realizó el Consejo Constitucional", seguido de "en caso de que gane la opción a favor, se promulgará la nueva Constitución de la República, tras ser publicada en el Diario Oficial", "Si gana la preferencia en contra, seguirá la actual Constitución y no habrá un nuevo proceso constitucional".

A pesar de la eliminación posterior del afiche, los diputados RN expresaron su preocupación y solicitaron a la Contraloría que, en uso de sus facultades, investigue la situación para esclarecer las sospechas de intervencionismo gubernamental. Se refirieron a la eliminación de la publicación como un intento de encubrimiento y manifestaron la necesidad de despejar dudas sobre la supuesta intencionalidad del gobierno para influir en el éxito del proceso constitucional.

En el comunicado, los parlamentarios también hacen referencia a eventos pasados, como reuniones de coordinación por la opción "Apruebo" en el Palacio de La Moneda en 2022, y piden que se instruya un sumario administrativo para determinar la legitimidad de dichos eventos y aplicar las sanciones correspondientes.

La subjefa de la Bancada, Marcia Raphael, afirmó que "el gobierno está desesperado por el aumento en los chilenos que votaremos a favor de la propuesta constitucional y también de que la ciudadanía no les crea, que con el eventual triunfo del en contra no se intentará en un tercer proceso, lo ha dicho el alcalde Jadue, la diputada Cariola y el senador Quintana".

Mientras que el jefe de Bancada, Frank Sauerbaum, señaló que "el gobierno, ante el avance de la opción a favor, ha entrado con toda la campaña para favorecer su opción En Contra y ha entrado con el "Black Friday", una serie de ofertas como pagar el CAE, como presentar un proyecto para la Defensoría de las Víctimas o como ahora prohibir el ingreso de los inmigrantes legales y simplemente excusarlos".

Frente a estas acusaciones, el director del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, indicó que "eso es materia de la Contraloría, el que regula que los funcionarios públicos no intervengan en las campañas durante sus actividades funcionarias que se desempeñan. Obviamente, no tienen prohibición de participar en la campaña, al margen de esas actividades o fuera de ellas, y tampoco emitir opinión".

“Yo quiero recordar que emitir opiniones no constituye propaganda electoral, y eso está claramente definido en la ley. Así que eso es materia de Contraloría, no del Servicio Electoral”, cerró el director.