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Anuncian que madre de Camila Polizzi será formalizada por lavado de activos

​Luisa Fonseca enfrentará cargos por presunto lavado de activos en un caso relacionado con supuestas irregularidades en convenios entre la Fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío

Nacional

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Cristóbal Ignacio Adones Reyes
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​La Fiscalía del Biobío ha decidido formalizar a Luisa Fonseca, madre de Camila Polizzi, por el delito de lavado de activos en el marco de una investigación que involucra supuestos convenios fraudulentos entre la Fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío. Este anuncio surge después de que durante la formalización de Camila Polizzi, quien ya se encuentra bajo arresto domiciliario total, Fonseca fue mencionada en múltiples ocasiones por la fiscal de Anticorrupción, María José Aguayo.

Según los informes de la fiscalía, Luisa Fonseca habría ocupado el cargo de presidenta en la fundación Conce Solidario, mientras que su hija, Camila Polizzi, se desempeñaba como secretaria. Juntas, intentaron postular a fondos concursables para fundaciones sin fines de lucro, aunque sus esfuerzos no tuvieron éxito.

Más tarde, se descubrió que Camila Polizzi adquirió un automóvil marca Changan que luego fue registrado a nombre de su madre. Esta compra se realizó después de que Polizzi recibiera una considerable suma de dinero por parte del Gobierno Regional del Biobío para la Fundación En Ti.

María José Aguayo, fiscal de Anticorrupción, declaró: "A propósito de las distintas diligencias investigativas que se han realizado desde el comienzo de la investigación y por el dinamismo de la misma, se ha tomado la decisión de pedir audiencia de formalización respecto de la imputada Luisa Fonseca Galaz como autora del delito de lavado de activos".

​El caso involucra a varios individuos además de Camila Polizzi y Luisa Fonseca. Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina también están siendo acusados por la fiscalía por presuntamente defraudar al Gobierno Regional del Biobío en más de $250 millones a través de una fundación que se sospecha fue "arrendada" a su titular. 

Los cargos imputados incluyen estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. Además, Martínez y Acuña enfrentan cargos adicionales por fraude al fisco.

​Finalmente, señalar que la audiencia para la madre de Camila Polizzi quedó programada para el día jueves 04 de abril a las 12:00 horas.

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En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.

La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos.

Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones.

En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios.

Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias.


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A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra.

Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal.

El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una "retención o detención ilegal" y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.


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