Presidente Boric viajará a Calama para entregar recursos conforme a la Ley de Royalty Minero

El presidente Gabriel Boric, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, se prepara para una visita a la región de Antofagasta, donde liderará una serie de actividades enfocadas en el desarrollo económico y la descentralización.

El mandatario tiene previsto su arribo a Calama, donde presidirá la ceremonia de pago del Fondo Puente, un fondo que surge de la nueva Ley de Royalty y que alcanza la significativa suma de $93 mil millones. Este fondo beneficiará a 307 comunas a nivel nacional y su importancia radica en su potencial para dinamizar el desarrollo local y regional.

En este evento, el presidente Boric estará acompañado por autoridades nacionales, regionales y locales, subrayando así el compromiso del Gobierno con el trabajo conjunto y la cooperación interinstitucional.

Posteriormente, se trasladará a la comuna de María Elena para inaugurar el Proyecto de Almacenamiento de Energía Bess (Battery Energy Storage System) Coya, en la Planta Solar Engie Coya. Este proyecto se perfila como el sistema de almacenamiento más grande de América Latina, con una capacidad de 638 MWh, lo que permitirá un suministro de 200 GWh en promedio al año. Esta iniciativa marca un hito en la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles y eficientes para el país.

Por otra parte, la tarde será también un momento crucial para la región, ya que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llegará a Calama para liderar una reunión de gabinete con los seremis de la región, la cual está programada para las 18 horas en la comuna loína

El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco dictó una sentencia de 23 años de cárcel para Héctor Llaitul este martes, tras ser hallado culpable de múltiples delitos que incluyen infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, hurto simple y atentado contra la autoridad. La decisión llega después de que el pasado 22 de abril se estableciera su culpabilidad y se fijara la fecha para la lectura definitiva del fallo.

En un veredicto detallado, el tribunal impuso a Llaitul 15 años por los delitos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado, específicamente por infringir las disposiciones contempladas en sus artículos seis, letras C y F. Estos actos fueron cometidos en tres ocasiones distintas: el 8 de enero y el 24 de junio de 2020, así como el 20 de julio de 2022.

Adicionalmente, Llaitul fue condenado a cinco años por un caso consumado de hurto simple perjudicando a Forestal Arauco el día 12 marzo del año anterior. Esta pena viene acompañada por una multa económica equivalente a once unidades tributarias mensuales.

La usurpación violenta también figura entre los cargos probados contra él. Por estos hechos reiterados que afectaron tanto a Forestal Arauco como al ciudadano Jorge Pena, se le asignó una multa adicional consistente en quince unidades tributarias mensuales.

Por último, se le atribuyó una pena adicional correspondiente a tres años por atentar contra autoridades públicas. Durante todo este tiempo deberá además abstenerse ocupar cualquier cargo público.

El tribunal subrayó que no proceden penas sustitutivas para Llaitul según lo estipulado por la ley número 18.216; es decir, deberá cumplir íntegramente las penas privativas libertad impuestas sin posibilidad alguna alternativa penal menos severa. El conteo formal comenzará desde el día señalizado como inicio efectivo: el 25 agosto del año pasado (2022).

Cabe destacar que durante el proceso judicial liderado por Roberto Garrido - Fiscal Regional - se había solicitado inicialmente una pena total mayor: hasta veinticinco años tras las rejas para Héctor Llaitul.

El tribunal ratificó la medida de arresto domiciliario total para la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, luego de que la Fiscalía presentara informes de incumplimiento de su cautelar. Fuica no respondió a los llamados de la policía en al menos tres ocasiones.

La concejala había estado en prisión preventiva tras su detención en enero, relacionada con el caso Democracia Viva, que también involucra a Daniel Andrade y al exseremi Carlos Contreras.

En marzo, se cambió su prisión preventiva por arresto domiciliario. Durante la audiencia, su defensa presentó justificaciones médicas de acuerdo a lo consignado por SoyAntofagasta.

La Fiscalía busca garantías para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas, dada la gravedad de las acusaciones.